Alfredo Bruno
Un Estado que no controla su territorio no es un Estado. Es, en el mejor de los casos, una ficción jurídica. Por definición, el Estado es la organización que ejerce el monopolio de la fuerza legítima dentro de un territorio delimitado, bajo el imperio de la ley que él mismo crea. Cuando ese monopolio se pierde, cuando otro poder,(sea narco, pandilla o combo local), impone sus reglas, cobra sus impuestos y administra su propia “justicia”, el Estado deja de existir en ese pedazo de mapa. Lo que queda es un Estado fallido en cuotas.
Un Estado «de visita»
Y eso es exactamente lo que viene ocurriendo en Uruguay desde hace años.
Montevideo ya no es una ciudad insegura. Es una ciudad fragmentada, donde hay zonas en las que el Estado simplemente no entra, o entra sabiendo que está de visita. Barrios donde antes solo se animaban los Grupos Especiales hoy ven cómo esos mismos efectivos se retiran bajo ataque, muchas veces dentro de sus propios vehículos blindados. Zonas que hace una década eran consideradas “normales” hoy son territorio habitual de rapiñas, motochorros, tiroteos y ajustes de cuentas a plena luz del día. Ramblas, plazas, avenidas principales: ya no importa el horario ni el día de la semana.
Y no se quedó solo en la capital. El mal se extendió al Área Metropolitana (Ciudad de la Costa, Costa de Oro, Las Piedras, La Paz, Rincón de la Bolsa), después al interior, y hoy cualquier ciudad de cierto tamaño tiene sus cárceles hacinadas y sus rincones donde la policía actúa más como fuerza de ocupación que como autoridad soberana.
Esto no es “aumento de la criminalidad”.
Esto es pérdida de control territorial.
Es el Estado cediendo soberanía de facto a poderes paralelos.
Estado Fallido, a la uruguaya. En cuotas.
¿Y qué dice el Plan Nacional de Seguridad Pública al respecto? En su introducción (punto 1.1), el PNSP enumera sus “principales desafíos”: homicidios, violencia de género, armas de fuego, narcotráfico, ciberdelitos y fraudes. Punto. Ahí está el foco.
Huelga decir que no coincidimos.
Mientras el gobierno pone la lupa en los delitos más graves y espectaculares, ignora —o minimiza— el problema que está pudriendo todo lo demás: que el delito del día a día (rapiñas, hurtos, motochorros, extorsiones) ya no es solo un problema de “inseguridad”, sino la manifestación diaria de que el Estado perdió el control de la calle.
De todas las calles, a toda hora y en todo lugar.
Temor, que no sensación
Curiosamente, en Chile bajo el gobierno de Gabriel Boric la cosa se planteó de otra forma. Su Política Nacional de Seguridad Pública reconocía sin anestesia el aumento de los delitos violentos y ponía como primer objetivo “reducir los delitos violentos y el temor en la ciudadanía”.
Sí, el temor. Esa variable que acá seguimos llamando despectivamente “sensación térmica” y que todos los gobiernos de los últimos 30 años han ninguneado.
3 por ciento
En Uruguay, en cambio, los delitos contra la propiedad quedan relegados a un segundo plano, tratados casi exclusivamente desde la prevención social a largo plazo. En el Documento Operativo no hay un Eje específico dedicado a rapiñas y hurtos. Se los menciona de pasada, se los mete dentro del Eje 5.7 (“Sistema de prevención del delito y la violencia”) y se responde con frases bonitas: “pacificar zonas”, “recuperación de espacios públicos”, “coordinación con MIDES”, “prevención en niñez y adolescencia”, “mediación de conflictos”.
Expresiones de deseo. Todo muy lindo sobre el papel.
Todo muy inútil cuando el pibe de 15 años ya está armado en la esquina y sabe que la policía no va a entrar fuerte porque “no hay orden judicial” o porque “hay que articular con otros organismos”. El Plan habla mucho de “articulación interinstitucional”, “gobernanza”, “enfoques de derechos humanos” y “policiamiento basado en inteligencia”.
Lo que no dice es cómo se recupera el monopolio de la fuerza en los territorios donde hoy manda otro, porque ese es el nudo que nadie quiere tocar, el de los más de 30.000 efectivos que tiene el Ministerio del Interior, cuando la fuerza real desplegada en las calles de Montevideo no supera el 3% en los hechos, como ya vimos. El resto está en oficinas, en francos, en comisiones, en custodias o directamente quemado.
Mientras el Plan se dedica a atacar síntomas (homicidios, narcotráfico y violencia de género), el territorio sigue siendo entregado de a poco, barrio por barrio, esquina por esquina, en una guerra que no está perdida, porque nunca se libró.
Y mientras eso siga ocurriendo, todo lo demás es teatro.
O humor.
Negro.