Uno siempre creyó que a las comisarías se iba por cosas concretas. Un hurto, un choque, una denuncia, un lío. No para hablar de un artículo de diario. Pero Uruguay es un país curioso y el Estado, cuando se queda pensando, a veces se entusiasma.
Hace unos días, la Policía estuvo buscando a un periodista de la redacción de El País. No solo por teléfono, sino también en forma presencial. No una vez, varias. En distintos momentos. Como quien busca a alguien importante, o peligroso, o por lo menos digno de ser localizado con cierta insistencia. Alguien que más allá de todo, es fácilmente localizable. El motivo no era un delito cometido por él, sino una nota publicada un tiempo antes. Una nota. Escrita. Leída. Publicada. Circulada.
Después vino la escena central: una tarde en la Seccional. El periodista sentado, un abogado al lado y preguntas sobre el contenido del artículo. No sobre un hecho nuevo, ni sobre una denuncia formal con fiscal asignado, sino sobre lo que decía la nota y, sobre todo, sobre lo que habían dicho otros en esa nota. Testimonios, versiones, declaraciones ajenas. Gente que habló y quedó citada. Todo muy tranquilo. Muy educado. Muy raro.
Según se supo más tarde, no hubo requerimiento fiscal. La inquietud partió de la propia Policía. Una inquietud genuina, se diría después. Una curiosidad profesional. El Estado queriendo entender por qué alguien dijo lo que dijo, cómo eso terminó escrito y si lo que se dijo estaba bien dicho. Como si el análisis de declaraciones publicadas hubiera pasado, de repente, a integrar el programa de estudios de la Escuela Nacional de Policía. Sea de paso, el Fiscal fue designado después que explotó el tema. Bien a la uruguaya, más vale tarde que nunca.
La cosa, naturalmente, generó ruido. Organismos de derechos humanos hablaron de estándares internacionales. La Institución Nacional de Derechos Humanos decidió actuar de oficio, que es la manera elegante de decir “esto no nos gusta nada, pero lo vamos a decir despacio”. Algunos recordaron que la ley permite ciertas averiguaciones. Otros aclararon, con la misma calma, que esto no se hace.
Y ahí aparece el verdadero problema, que no es el periodista, ni la nota, ni siquiera el policía que estaba ahí, haciendo lo que creyó que tenía que hacer. El problema es esa idea difusa de que cuando algo incomoda, el Estado puede ir a preguntar. No a un juzgado. No a una fiscalía. A una comisaría. Porque siempre queda más a mano. Para comodidad del cliente.
Conviene aclararlo, por las dudas: nadie está diciendo que esto sea una dictadura, ni una persecución sistemática, ni el comienzo de una noche larga. Es algo mucho más nuestro y, por eso mismo, más delicado: un exceso chiquito, hasta razonable, bien intencionado y bastante mal pensado.
Porque cuando el Estado se acostumbra a “averiguar” cosas que no son delitos, dichos, opiniones, frases citadas, el problema no es la intención, sino el precedente. Hoy es una declaración publicada. Mañana puede ser una interpretación. Pasado mañana, una pregunta que alguien prefería que no se hiciera. Y ya saldrá alguien a decir que lo fueron a averiguar porque era averiguable.
Por supuesto, nadie sostiene que publicar en un diario vuelva a alguien intocable. No hay coronitas, ni fueros, ni aureolas constitucionales. Pero para eso existe el sistema judicial, con fiscales, jueces y procedimientos claros. Justamente para evitar que la frontera entre investigar y amedrentar quede librada al olfato del día.
Al final, el periodista volvió a su escritorio, la Policía volvió a sus tareas y el Estado quedó pensando. O al menos quedó quieto, que ya es algo.
Porque la libertad de expresión no se cuida sumando materias nuevas al trabajo policial. Se cuida, sobre todo, sabiendo cuándo no ir a preguntar.
Capaz que eso también haya que aprenderlo.
Hasta la próxima, si es que hay…