Héctor G. González Cabrera
Los últimos datos del mercado laboral uruguayo exponen una realidad profunda y preocupante, aunque las estadísticas nacionales parecen mostrar cierta estabilidad, con una tasa de desempleo en torno al 7% y una tasa de empleo cercana al 60%, bajo esos promedios se esconden desigualdades territoriales y estructurales que no pueden ignorarse.
El país presenta una brecha regional de más de 15 puntos porcentuales en la tasa de empleo entre departamentos, revelando la existencia de un Uruguay dinámico y otro claramente rezagado.
En departamentos como Maldonado, Soriano o Flores, las tasas de empleo superan holgadamente el promedio nacional, mientras que en zonas como Treinta y Tres, Cerro Largo o Artigas, el empleo escasea y el desempleo alcanza cifras que duplican la media del país.
El problema no es estadístico, es la expresión concreta de un Uruguay olvidado, donde miles de personas quedan atrapadas en economías locales sin inversión, sin oportunidades y sin futuro.
La informalidad como síntoma de un sistema fallido.
A este escenario se suma un problema estructural aún más grave, la informalidad laboral. Más del 20% de los trabajadores uruguayos no realiza aportes a la seguridad social, y en varios departamentos del interior la informalidad supera el 40%.
Esto implica empleo sin derechos, sin jubilación futura y sin cobertura social. Sin embargo, responsabilizar únicamente al trabajador o al empleador es una simplificación cómoda, pero muy equivocada.
La informalidad es, en gran medida, el resultado de un Estado que encarece artificialmente el empleo formal. Altas cargas tributarias sobre el trabajo, aportes obligatorios elevados y regulaciones rígidas convierten a la formalidad en un lujo que muchas pequeñas empresas no pueden pagar.
Frente a ese esquema, tanto empleadores como trabajadores optan por salir del sistema para lograr un ingreso que les permita subsistir. No es una elección ideológica ni viveza criolla para escapar al fisco, es una decisión de supervivencia económica.
¿Y qué pasa con la calidad del empleo? Trabajar no siempre es progresar.
Pero incluso cuando hay empleo, surge otra pregunta ¿qué tipo de empleo se está generando? En muchas zonas del interior, el trabajo disponible es precario, de baja productividad y sin posibilidades reales de crecimiento. Empleos zafrales, mal remunerados o dependientes del ciclo político no permiten acumular capital humano, especialización ni mejorar la calidad de vida de las personas.
Entonces, el problema no es solo cuántos empleos existen, sino si esos empleos generan valor, aumentan la productividad y permiten movilidad social. Un mercado laboral sano debería ofrecer oportunidades donde el esfuerzo y la capacitación se traduzcan en mejores ingresos.
Empleo público versus empleo privado.
En este contexto, muchas intendencias departamentales aparecen como “motores de empleo”, incrementando plantillas y contratos como forma de contener el desempleo, maquillando cifras.
Sin embargo, el empleo público no crea riqueza, la redistribuye. Se financia con impuestos que salen del sufrido sector privado, el único capaz de generar valor nuevo, inversión y crecimiento sostenido.
Además, cuando el empleo público se utiliza -como en Uruguay- como política social encubierta, se distorsiona el mercado laboral y se perpetúa la dependencia del Estado.
Lo que verdaderamente debería mover la aguja es el empleo genuino, aquel que surge de la inversión privada, de la rentabilidad, del riesgo empresario y de la innovación.
Ese empleo es el que paga salarios sostenibles, el que se mantiene en el tiempo y el que permite ampliar la base contributiva sin subir impuestos.
Ante este desmadre, más empleo público y menos privado, es necesario un cambio de rumbo claro: reducir la presión fiscal sobre el trabajo, flexibilizar la negociación salarial para adaptarla a realidades regionales y sectoriales, y crear un entorno amigable para la inversión.
Los consejos de salarios, cuando imponen condiciones uniformes en economías profundamente desiguales, terminan expulsando trabajadores hacia la informalidad o directamente hacia el desempleo.
El Uruguay olvidado no necesita más regulaciones ni más empleo público artificial. Necesita reglas claras, menos impuestos y un Estado que deje de ser un obstáculo para producir. Solo así el trabajo volverá a ser sinónimo de progreso y no simplemente de subsistencia.
Un país que castiga al que produce condena a quien trabaja.