Acá en Uruguay tenemos una ley que te puede parecer un avance social tremendo o un guión de Capusotto. Se trata de la ley 19.122, aprobada en 2013 y que básicamente le dice a cualquier uruguayo que, si se siente afrodescendiente, alcanza con que lo diga para que el Estado le dé el visto bueno. Sólo con tu afirmación, y sin más trámites, podés acceder a un cupo laboral del 8% en el estado, destinado para los afrodescendientes de verdad, pero también para los autopercibidos. Tal cual, ni más ni menos.
La intención de la norma es noble. La idea es compensar siglos de una desigualdad que se arrastra desde la época de la esclavitud. Es lo que llaman «acciones afirmativas»: darle un empujoncito a los que históricamente arrancaron la carrera diez kilómetros atrás. En ese sentido, Uruguay no inventó nada; seguimos una movida internacional que se ve en Brasil o en varios países de Europa con la discriminación positiva.
Ese 8% está reservado para ministerios, entes autónomos y servicios descentralizados. También hay becas y cursos. Hasta ahí, el razonamiento cierra por todos lados: hay una deuda histórica y hay que pagarla.
El «pero» que nos hace rascarnos la cabeza, es cómo se decide quién es afro y quién no. Y la respuesta es tan simple que te deja medio helado: lo decidís vos, porque la ley no exige un test de ADN ni que lleves el árbol genealógico, ni un papel que diga que tus bisabuelos vinieron de tal lado. No hay nadie que controle, que compare o que te diga «che, me parece que no». Marcás una cruz en un formulario, capaz firmás una declaración jurada, y listo: el Estado te pone el sello de afrodescendiente y ya podés pelear por esos cupos.
Y acá es donde se pone difícil mantener la cara seria: un tipo rubio, de ojos celestes, con un apellido que suena a sueco o alemán y sin un solo antepasado africano a la vista, puede ir a un concurso público, marcar la casilla de «afrodescendiente» y competir legalmente por ese lugar.
No es que me esté imaginando cosas raras; es que la ley lo permite.
Ponele que un tal Björn Ulvaeus (¡Mirá, tocayo del de ABBA!), descendiente de suecos y más blanco que la tiza, un martes se levanta sintiendo sus raíces africanas. El miércoles ya se está anotando para una vacante que se pensó para alguien que realmente sufrió el garrón de la discriminación y el racismo. A Björn nunca lo miraron raro en un boliche, ni lo paró la policía por la cara, ni tuvo que explicar de dónde salió. Pero ahí lo tenés, aprovechando un beneficio diseñado para compensar una realidad que él no conoce ni de cerca.
Imaginate otro caso, un tipo descendiente directo de italianos, ojos claros y piel que la máxima oscuridad que logró fue después del sol de la playa en sus vacaciones, que se da cuenta de que para entrar o a un ministerio tiene más chances si se declara afro. ¿Está mintiendo? Técnicamente, para la ley, no. Está usando su derecho a autodefinirse. ¿Le está sacando el lugar a alguien que sí sufrió la exclusión? Esa es la gran pregunta.
Los que defienden la ley te dicen que la autoidentificación es la única forma respetuosa de hacer las cosas. Dicen que si el Estado se pone a inspeccionar fenotipos o a medir «qué tan negro sos», volvemos a épocas más oscuras de la historia..
Pero los que la critican dicen que, sin un mínimo de control, el sistema queda servido para los vivos que en Uruguay abundan, demasiado. Si cualquiera entra solo con la palabra, el cupo deja de proteger a los que realmente lo necesitan y se vuelve una puerta abierta para el que no tiene escrúpulos, que los hay, muchos y en todas partes.
El absurdo no es reconocer a la población afro en Uruguay. El tema es tener un mecanismo tan débil, tan precario, tan “injusto”, porque al final termina siéndolo con los verdaderamente afrodescendientes, dado que cualquiera puede suplantar su origen para ocupar un lugar que, de otra manera, fuera sus competencia, jamás le tocaría.
O sea que si mañana, ves a un rubio, ocupando uno de los puestos destinados al 8% a la población afrouruguaya sólo porque se “siente afro”, no creas que tu ojos te engañan, no, es algo perfectamente aceptado, una realidad planteada y protegida por una ley que nadie sabe muy bien cómo está construida. Y que altera la realidad aunque se disfrace de «justicia»