El ministro del Interior anunció que el gobierno limitará la venta de municiones legales para combatir la violencia criminal. La idea es sencilla: si los delincuentes terminan consiguiendo balas que originalmente fueron compradas por personas habilitadas, entonces hay que restringirles las balas a las personas habilitadas.
Es un razonamiento fascinante. Y abre un universo de posibilidades.
Por ejemplo, para combatir el robo de automóviles, el Estado podría limitar la venta de combustible. Porque los ladrones también usan nafta. Sería irresponsable permitir que cualquier ciudadano llegue a una estación de servicio y cargue un tanque entero sin demostrar previamente que no piensa participar en una persecución policial.
En la misma línea, para reducir las rapiñas en moto, cada uruguayo podría adquirir un máximo de dos neumáticos por año. Si necesita más, deberá presentar certificados de buena conducta, constancia de domicilio, análisis de sangre, carné de vacunas y una declaración jurada afirmando que no piensa escapar de la Policía a 120 kilómetros por hora.
Para combatir los arrebatos, se limitará la venta de mochilas. Después de todo, nadie ignora que muchos delincuentes utilizan mochilas para guardar cosas robadas. ¿Por qué permitir entonces que cualquier estudiante compre una sin autorización previa del Ministerio del Interior?
Y ya que estamos, para combatir las estafas telefónicas se restringirá el uso de palabras. Cada ciudadano tendrá derecho a pronunciar un máximo de 200 palabras por día. El que necesite más vocabulario deberá justificarlo mediante formulario electrónico.
Los narcotraficantes utilizan vehículos. Solución: una persona podrá comprar solamente medio automóvil cada cinco años.
Los delincuentes usan celulares. Solución: teléfonos con capacidad máxima para llamar a la abuela y consultar el pronóstico del tiempo.
Los corruptos usan dinero. Solución: prohibir el dinero.
Los homicidas usan cuchillos. Solución: cuchillos de goma.
Los barrabravas usan pelotas. Solución: fútbol sin pelota.
Los secuestradores utilizan camionetas. Solución: camionetas con capacidad máxima para transportar una persona y media.
Los pirómanos usan fósforos. Solución: cada familia recibirá dos fósforos por mes. Tres únicamente con autorización judicial.
Los evasores usan calculadoras. Solución: aritmética regulada.
Los grafiteros usan marcadores. Solución: examen psicotécnico para comprar una birome.
Los hackers usan computadoras. Solución: internet disponible únicamente entre las 14:00 y las 14:07.
Los presos que se fugan suelen correr. Solución: velocidad máxima peatonal de cuatro kilómetros por hora.
Y para evitar los accidentes de tránsito, directamente se prohibirá circular.
La belleza de este enfoque es que siempre actúa sobre la parte más sencilla de controlar: la gente que ya cumple las reglas.
Porque el delincuente profesional suele tener una característica muy molesta: no le apasiona respetar las normas. Tiene la extravagante costumbre de ignorar prohibiciones, reglamentos, permisos, habilitaciones y decretos. Es un defecto muy común entre los delincuentes.
Por eso, cuando se descubre que una banda criminal posee armas ilegales, vehículos robados, drogas prohibidas, documentos falsificados y antecedentes penales, la respuesta lógica consiste en imponer nuevos controles sobre quienes registraron correctamente sus pertenencias, pagan impuestos y aparecen en las bases de datos del Estado.
Es mucho más práctico.
Perseguir criminales es difícil. Requiere inteligencia, investigación, recursos, coordinación, patrullaje, fiscales, jueces, cárceles y resultados.
Regular ciudadanos registrados requiere una fotocopiadora.
Además, los ciudadanos legales tienen una enorme ventaja administrativa: se los puede encontrar fácilmente.
El delincuente se esconde.
El ciudadano que cumple las normas deja dirección, teléfono, documento, huella digital, firma y hasta correo electrónico.
Es casi una invitación a regularlo.
Por eso no debería sorprendernos que esta filosofía siga avanzando.
Si mañana aumentan los robos a bancos, probablemente se limitará la apertura de cuentas corrientes.
Si crecen las estafas inmobiliarias, se restringirá la compra de viviendas.
Si aparecen falsificadores de documentos, se prohibirá el uso de papel.
Y si algún día la inseguridad alcanza niveles realmente preocupantes, seguramente se estudiará una medida revolucionaria: prohibir ser víctima.
Porque una cosa está clara. Entre enfrentar a quienes viven fuera de la ley y agregarle una nueva restricción a quienes ya la cumplen, la burocracia siempre encuentra el camino más corto.
Al fin y al cabo, si hay algo que las organizaciones criminales temen de verdad, no son los operativos policiales, ni las condenas judiciales, ni la inteligencia criminal, sino los formularios correspondientes.
Hasta la próxima, se es que hay…