Durante los cinco años del gobierno de Luis Lacalle Pou, el Frente Amplio convirtió la crítica permanente en su herramienta central de oposición.
No hubo crisis, error, polémica o escándalo que no fuera presentado, automáticamente, como prueba irrefutable de un gobierno moralmente cuestionable.
La responsabilidad política era inmediata, y casi siempre, extensiva a todo el entorno presidencial. Bastaba que un funcionario se equivocara para que la sospecha trepara, sin escalas, hasta la Torre Ejecutiva.
Los ejemplos sobran, y vale la pena recordarlos ahora que conviene tan poco recordarlos.
El caso Astesiano se usó durante meses como demostración de que había un problema estructural en el círculo íntimo del presidente. La oposición no se conformó con pedir explicaciones sobre los hechos concretos: cuestionó la capacidad de Lacalle Pou para gobernar, su criterio para elegir colaboradores y hasta su compromiso con la transparencia. Nada quedó afuera.
Algo parecido pasó con el pasaporte entregado al narcotraficante Sebastián Marset. Las investigaciones terminaron señalando responsabilidades puntuales y fallas administrativas concretas, pero desde el Frente Amplio se construyó, de entrada, un relato mucho más cómodo y mucho más rendidor: el gobierno era responsable, por acción o por omisión, de todo lo que había ocurrido.
La misma receta se aplicó al acuerdo portuario con Katoen Natie, a las polémicas de la gestión de la pandemia, a la situación de algunos jerarcas y a cualquier decisión que pudiera maquillarse como privilegio, ventaja indebida o falta de ética. Si servía para golpear, se usaba.
Y a las críticas políticas se les sumaron, sin pudor, las descalificaciones personales. A Lacalle Pou se lo retrató una y otra vez como un presidente distante, privilegiado por cuna, insensible ante los problemas reales de la gente, indiferente frente a la crisis. El debate dejó de discutir ideas y se convirtió en una pelea permanente donde el otro no se equivocaba: era, directamente culpable y peor persona.
Pero el Frente Amplio llegó al gobierno y, como por arte de magia, apareció un fenómeno tan nuevo como sospechoso: la prudencia institucional.
La polémica por la compra de la camioneta de Yamandú Orsi abrió, lógicamente, una discusión sobre ética, conflictos de interés y beneficios que un uruguayo de a pie jamás tendría a su alcance. Más allá de las explicaciones del presidente y de la legalidad que finalmente tenga la operación, el episodio dejó preguntas razonables sobre la oportunidad y el criterio de la decisión.
Lo llamativo no fue la reacción del oficialismo, eso es previsible en cualquier corral político. Lo llamativo, lo que da fastidio, fue la reacción de buena parte de la oposición: el silencio casi total en un momento en que tenía servida en bandeja, la oportunidad política perfecta. No es un episodio menor entre tantos: es exactamente el tipo de affaire que los que están gobernando hoy explotarían sin piedad cuando estaban del otro lado del mostrador.
Y sin embargo ahí está la CORE, quieta en su constante tibieza (¿Incompetencia?), sin pedir comparecencias, sin exigir explicaciones detalladas, sin instalar el tema en la agenda con la insistencia que corresponde.
Cuesta no preguntarse por qué una oposición que durante cinco años sufrió en carne propia una crítica despiadada y una condena gritada a los cuatro vientos por todas y cada situación por mínima que fuera, hoy deja pasar esta con una pasividad que no se explica solo por elegancia institucional.
La inacción, en este caso, no es prudencia: es, como mínimo, llamativa. En lugar de exigir consecuencias inmediatas, salieron a reclamar que se esperen los informes, que se respeten las instituciones, que no se condene antes de tiempo.
Del otro lado, los del FA que durante cinco años pidieron renuncias, interpelaciones y cabezas por mucho menos, de pronto se acordaron de la moderación.
De golpe reaparecieron palabras que durante el período anterior parecían haberse extraviado del diccionario político: presunción de inocencia, garantías, debido proceso, respeto a los organismos de contralor, prudencia en las declaraciones. Qué bueno que las recordaron, tarde y cuando están acorralados, pero las recordaron. La reflexión es inevitable, y no es agradable.
Si el mismo criterio usado contra Lacalle Pou se aplicara hoy contra Orsi, la presión política sería muchísimo mayor. Y si la prudencia que hoy exhiben tantos dirigentes hubiera existido entre 2020 y 2025, buena parte de aquellas polémicas se habrían discutido con más cabeza y menos circo.
La conclusión no es que unos tengan razón y otros no. La enseñanza, más incómoda todavía, es esta: en política los principios se mantienen firmes hasta que cambian de dueño. Ahí, justo ahí, se acaba el principio y empieza la conveniencia.
Cuando el cuestionado era el adversario, cada episodio era prueba definitiva de corrupción, incapacidad o falta de ética. Cuando el cuestionado es de la propia tropa, aparecen los matices, los contextos, las explicaciones comprensivas.
Y ahí nace, otra vez, la sensación de doble rasero que los uruguayos conocemos de memoria y del que, sinceramente, estamos cansados.
Porque las instituciones deberían ser sagradas siempre y no solo para proteger a los propios. La indignación debería ser activada siempre que sea correcto y no apagarse cuando el que se equivoca es el compa.
La coherencia sigue siendo, para cualquier fuerza política uruguaya, la materia que ninguna logra aprobar.