La propuesta de gravar al 1% más rico de Uruguay, impulsada por el PIT-CNT y respaldada por sectores del Frente Amplio, ha desatado un intenso debate. La idea, que busca financiar políticas para la primera infancia mediante un impuesto al patrimonio de unas 25,000 personas con activos superiores al millón de dólares, suena atractiva en un país con desigualdades marcadas. Sin embargo, este enfoque es equivocado. En lugar de imponer más tributos, Uruguay debería optimizar su gasto público eliminando ineficiencias y gastos superfluos. Un nuevo impuesto al patrimonio no solo desincentivaría la inversión y fomentaría la fuga de capitales, sino que ignora la raíz del problema: la necesidad de un Estado más eficiente.
Uruguay ya soporta una presión fiscal alta, comparable a la de países desarrollados. Un impuesto al patrimonio, como el propuesto, podría recaudar, pero a un costo elevado en otros aspectos. Hemos construido una reputación como destino atractivo para inversores y personas de alto patrimonio, gracias a políticas tributarias competitivas. En un contexto de competencia fiscal global, gravar a los más ricos podría provocar una fuga de capitales hacia países con regímenes más favorables. Esto no solo reduciría la inversión privada, sino que también afectaría el crecimiento económico, que ya ha sido lento en los últimos años.
No es novedad para nadie que los impuestos al patrimonio pueden generar distorsiones económicas, desincentivando el ahorro y la inversión. En un país como Uruguay, donde la inversión extranjera directa ha sido clave para sectores como el inmobiliario y el tecnológico, este riesgo no puede ignorarse. Por ejemplo, la llegada de argentinos de alto patrimonio
durante los años de la pandemia, huyendo de las políticas fiscales de su país demuestra el impacto de medidas tributarias en la movilidad de capitales.
En otro orden de cosas Uruguay tiene recursos suficientes para financiar políticas prioritarias como la primera infancia sin necesidad de nuevos impuestos. El problema radica en la asignación ineficiente de esos fondos. Empresas públicas como el los ejemplos paradigmáticos de ANCAP y sus conexos, que han reportado déficits recurrentes o directamente cuantiosas pérdidas, consumen recursos que podrían redirigirse. Además, históricamente han surgido controversias por diversas adquisiciones públicas, la aparición de nuevos ministerios y departamentos en el gobierno, o gastos en eventos institucionales de dudosa utilidad solo hacen que los uruguayos pongamos bajo la lupa la eficiencia del Estado.
Estos casos atraviesan a todos los signos políticos que ocuparon el gobierno nacional y reflejan una gestión que podría optimizarse para liberar fondos hacia áreas críticas.
Nadie discute la importancia de invertir en la primera infancia. Sin embargo, la solución no pasa por aumentar la carga tributaria, sino por reorientar el gasto existente. Por ejemplo, eliminar subsidios ineficientes a empresas públicas o reducir gastos superfluos, como viajes innecesarios de funcionarios o campañas publicitarias redundantes, podría liberar cientos de millones de dólares.
La propuesta de un impuesto al 1% más rico debe desestimarse. Uruguay no necesita más tributos, sino un Estado que gestione con eficiencia los millones de dólares anuales que ingresan a sus arcas. Gravar el patrimonio de los más ricos arriesga la competitividad económica del país, desincentiva la inversión y fomenta la fuga de capitales, mientras que la solución real está en eliminar ineficiencias y gastos superfluos. La primera infancia es una prioridad innegable, pero financiar su combate requiere voluntad política para optimizar recursos, no para imponer nuevos impuestos.
Uruguay enfrenta una oportunidad para demostrar que la justicia social y el crecimiento económico pueden lograrse con un Estado más inteligente, no más gravoso.