Los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Paraguay y Uruguay emitieron este jueves un comunicado en conjunto por la situación política que vive Venezuela, en el marco de la inhabilitación de la candidata opositora María Corina Machado y la detención de la activista Rocío San Miguel el pasado 9 de febrero, entre otras acciones recientes de la dictadura venezolana.
Venezuela: reclaman elecciones «sin proscripciones de ningún tipo»
En la Declaración se expresa que los países que suscriben a la carta “manifiestan su profunda preocupación por la detención arbitraria de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel” y realizan un “enérgico llamado a las autoridades venezolanas a liberarla de inmediato y deponer los cargos realizados”.
Comunicado Conjunto sobre situación en Venezuela: pic.twitter.com/VzDsYeps2Z
— Cancillería Uruguay 🇺🇾 (@MRREE_Uruguay) February 15, 2024
“De igual manera, rechazan las recientes medidas contra la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela y reclaman por el respeto pleno de los derechos humanos, la vigencia del Estado de derecho y la convocatoria de elecciones transparentes, libres, democráticas y competitivas sin proscripciones de ningún tipo”.
Arresto de Rocío San Miguel desnuda una vez más a la dictadura venezolana.
Rocío San Miguel, abogada caraqueña y activista de derechos humanos es la presidenta de Control Ciudadano, una organización no gubernamental cuya misión es promover y ejercer el control ciudadano sobre temas de seguridad, defensa y la fuerza militar, incluyendo el cumplimiento por el gobierno de compromisos internacionales como el Estatuto de Roma y las recomendaciones de la CIDH.
No es éste el primer problema de San Miguel con el régimen. Por el contrario, durante años ha sido blanco, junto a su familia, de repetidas acciones de hostigamiento y difamación por parte de altos funcionarios, incluyendo ser tildada de “espía” y de participar en intentos de golpe de Estado, al extremo de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares de protección en el año 2012.
En esta oportunidad su detención el viernes junto a su hija, dos hermanos, su padre y su ex esposo, cuando se disponía a viajar al exterior, se basa según informó el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab en los delitos de “traición a la patria”, “terrorismo” y “conspiración”.
María Corina Machado, la oposición proscripta
La detención arbitraria de opositores venezolanos, como las sucedidas con Juan Freites, Luis Camacaro, Guillermo López y Víctor Venegas, dirigentes del partido Vente Venezuela, que lidera la candidata presidencial opositora María Corina Machado, trae a la memoria el informe de septiembre de 2023 de la Misión Independiente de Naciones Unidas en el que se da cuenta de “desapariciones forzadas de corta duración, torturas y ejecuciones extrajudiciales”, hechos investigados por la Corte Penal Internacional “para determinar las responsabilidades del régimen de Maduro”.
Esta problemática se suma a la proscripción por parte del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela a María Corina Machado, quien en octubre del año pasado ganó las primarias opositoras con el 92,35 % de los votos.
Esa inhabilitación generó la repulsa de toda la oposición venezolana, nucleada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), por considerar que constituye una “violación del debido proceso y del derecho a la defensa”. A su vezla Organización de Estados Americanos censuró el hecho y reclamó su reversión, considerando que es violatorio de los Acuerdos de Barbados. El Parlamento Europeo por su parte anunció que no reconocería una eventual elección que se realizara sin la principal candidata opositora, en tanto EEUU anunció la implementación de posibles nuevas sanciones de mantenerse esta situación en los comicios, previstos para el segundo semestre de este año, pero aún sin fecha determinada.
Oficina de la ONU para DDHH expulsada
Nicolás Maduro suspendió el jueves la actuación de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Caracas, acusando a la misma de haber “instrumentalizado” su trabajo en contra del Poder Ejecutivo que encabeza y dispuso además, la expulsión de todo el personal en un plazo perentorio de 72 horas.
El hecho se origina tras un comunicado publicado por la Misión de la ONU en el que expresó su “profunda preocupación” por la detención de la activista venezolana Rocío San Miguel”.
“No se trata de incidentes aislados, sino de una serie de hechos que parecen formar parte de un plan coordinado para silenciar a los críticos y a quienes se perciben como opositores”, enfatizó Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Investigación.
La Misión expresó su preocupación por “una serie de actos recientes que contravienen el derecho internacional, las detenciones y amenazas de detención de miembros de la Comisión Nacional de Primarias, así como de militantes del partido político Vente Venezuela, ganador de las elecciones primarias de la oposición, y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de dirigentes políticos, entre ellos la líder opositora María Corina Machado”.
A su vez la Misión de la ONU resaltó que “el Estado venezolano ha violado los derechos humanos de decenas de personas al investigar a presuntos grupos conspiradores, privando a los investigados, detenidos y procesados de sus más elementales derechos”.
“Sin desconocer el derecho del Estado a investigar, ello se tiene que hacer con pleno respeto a los derechos humanos y sin cometer crímenes internacionales”.
“De acuerdo con la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, de la cual Venezuela es parte, uno de los elementos constitutivos de las desapariciones forzadas es la negación de información sobre el paradero de la persona, lo que impide el ejercicio de los recursos legales y las garantías procesales pertinentes.”
(En ese marco) “la información tardía e incompleta sobre el paradero y estado de salud de San Miguel y su hija cumple con el objetivo de infundir temor entre quienes expresan críticas al Gobierno, haciendo responsable al Estado bajo el derecho internacional”.