La obstinada idea de regimentar la propiedad privada, el mayor ataque a la libertad y a la inversión, ahora también contra los alquileres temporarios
Como otros países o regiones con ideas o regímenes neomarxistas, woke o seudoprogresistas, Uruguay mantiene viva la vocación de su fatal burocracia de decidir el destino de la propiedad privada de los individuos, en particular con las viviendas en alquiler, partiendo siempre de dos premisas que decreta y pregona erróneamente como ciertas, probadas y de indisputable validez universal.
La primera es que la propiedad privada no es un derecho absoluto. La segunda es que los contratos entre privados deben ceder ante la decisión previa o posterior del estado, que se arroga el derecho de decidir lo que se puede o no acordar entre las partes, incluyendo el precio y también el derecho a modificar lo que se pacta entre particulares.
Si la propiedad privada no fuera un derecho absoluto, nada privado lo sería Ese solo enunciado destruiría de un golpe todo el fundamento jurídico y ético del capitalismo y de Occidente, y la base misma de la riqueza de las naciones, del ahorro, de la formación del capital, del bienestar de la sociedad y de la movilidad social. También toda seguridad jurídica de cualquier tipo, ergo, toda civilización, tarde o temprano.
El ahorro en todas sus formas, base del capital y el bienestar
Los inmuebles son uno de los primeros formatos del ahorro. Y el ahorro en todos sus modos y concepciones es la base del capital, y hasta las más alevosas expresiones de la izquierda buscan desesperadamente ese capital para apoderárselo, a riesgo de consumirlo hasta la desaparición en poco tiempo y quedarse sin financiamiento forzoso para sus delirios. Un anzuelo, un reparto de corto plazo al que siempre sigue la dictadura.
El habitual primer paso que el populismo se siente en la obligación y con justificación de dar es la regulación de los alquileres, basado en el principio absolutamente arbitrario de que todos los locadores son depredadores malévolos y que todos los inquilinos son víctimas de ellos. Una conveniente ignorancia que parte del supuesto de que miles y miles de propietarios se ponen de acuerdo para fijar condiciones e imponerlas a los inquilinos a quienes quieren pauperizar.
Eso no es distinto a cuando el estado decide controlar los precios, poner recargos al comercio internacional, de ida o de vuelta, ejercer el proteccionismo, y aun cuando grava con impuestos especiales a ciertos rubros o actividades.
Toda intervención en el mercado crea escasez y encarecimiento
Lo que no le interesa recordar a la inefable burocracia, es que siempre que intenta meter sus dedos en un mercado determinando, en cualquier país y en todos los rubros donde se intentase controlar precio o cantidad para supuestamente corregir la demora que todo mercado necesita hasta equilibrar el precio de los bienes, el resultado es la escasez y la injusticia.
En el caso de las viviendas, cada vez que se intenta regular los alquileres en precio, plazo o condiciones, se produce una retracción de la oferta, sea por abstención de contratar por parte del propietario, o por la abstención de construir nuevas viviendas con ese fin.
El ejemplo argentino al respecto – que no se debe a la maldad del kirchnerismo sino a la estupidez de sus decisiones y reglas – tiene validez universal. Tras obligar a contratar en una moneda, fijar plazos mínimos o máximos, impedir u obstaculizar el cumplimiento de las cláusulas contractuales en caso de incumplimiento, prohibir pactar ajustes y similares supuestas ventajas para el inquilino, a lo que se anexó la obligación de hacer participar en el proceso de contratación a la AFIP, (contralor de la DGI argentina) culminaron con la desaparición virtual de los oferentes lo que por el elemental juego de oferta y demanda llevó el valor del alquiler a cifras imposibles de pagar.
Los inquilinos argentinos terminaron rogando que se derogase la ley
Los inquilinos terminaron rogando que se derogase la ley. Y la burocracia, como de costumbre, subió la apuesta y acarició la idea de obligar a los propietarios de más de una unidad a alquilarla, una idiotez simplemente. Lo que basta para paralizar la construcción de nuevas viviendas. (Un DNU del gobierno actual dejó sin efecto esa disposiciones legales, lo que hizo bajar los valores del alquiler y permitió una cierta regularización en ese mercado, por ahora)
Ese proceso es el símbolo de las ideas de la izquierda universal. Apoderarse del ahorro ajeno, que tal cosa es una propiedad o una inversión financiera o cualquier otra manifestación de lo que cree maldita riqueza, y repartirla con algún formato. Una especie de “confiscación de a poquito” que la burocracia cree que no será notada por los asaltados, que seguirán ahorrado e invirtiendo para que vía impuestos u otras arbitrariedades les sigan siendo confiscadas, “un poquito más cada día”.
En ese camino simplista lo suele acompañar la sociedad, a veces por necesidad, ignorancia o conveniencia, como en el caso de los alquileres, a veces porque cree que en ese proceso de repartir lo ajeno le puede tocar algo, a veces porque algunos obtienen alguna ventaja, prebenda o reparto del botín en ese mecanismo de despojo.
La necesidad de castrar la innovación
Con tal línea de pensamiento -elogio que no se merece – y copiando lo que han hecho otros países y/o comunas en la línea socialista-gramscista disimulada, surge ahora la idea de legislar para reglamentar el alquiler temporario de corto plazo, o sea el extraordinario sistema con que aplicaciones como Airbnb, Bookings y muchas otras han permitido el abaratamiento del turismo mundial y lo han facilitado.
La idea de fondo es que esas unidades que se alquilan a corto plazo son sustraídas del mercado de alquileres y entonces sus propietarios deben ser forzados a ofrecerlas en dicho mercado para permitir una mayor competencia que baje los precios de los alquileres de mediano o largo plazo.
Además de que eso no está probado, ni se puede asegurar de ningún modo, y además de que se trata de una actividad diferente y muy limitada y además de que de inmediato se paralizará la construcción de viviendas con esos fines, un daño colateral, la burocracia se cree con la capacidad de decidir quién, cómo, por cuanto tiempo y de qué modo se puede locar una propiedad, en un país que dice respetar la libertad por sobre todas las cosas.
La idea central es obstaculizar
Para dificultar más la actividad y llevarla al terreno de lo imposible, el proyecto baraja una serie de regulaciones y obligaciones por supuesto que burocráticas, entre las que están la de identificar a los locatarios, y someter a los locadores a las mismas obligaciones que tienen los hoteles, basados en el principio de que si ofrecen servicios parecidos a los hoteles –ponele, diría un tuitero – deben tener iguales regulaciones, controles y obligaciones que los hoteles.
Difícil no ver aquí la mano de alguna gremial empresaria, buscando eliminar o encarecer cualquier atisbo de competencia más barata o más inteligente, como casi siempre ocurre. A lo que de inmediato se pliega la arrogante burocracia, siempre dispuesta a encarecer y complicar la vida del usuario.
También aquí se prescinde de analizar las consecuencias de lo que se hace, o se deshace. El turista interno o externo no pagará el doble en un hotel si se elimina, se encarece o se ahuyenta esta oferta. Simplemente no vendrá. Este desprecio por la acción humana es una característica central del neomarxismo disimulado que asuela a las sociedades.
¿Dónde se detendrá la regulación?
La propuesta de regular esta actividad, además de oponerse de plano a todo un mundo online que piensa y opera de otra forma (de nuevo, en un país que proclama y declama su adhesión a los nuevos emprendimientos tecnológicos, de los que estas prácticas son un esquema habitual) abre caminos peligrosísimos que amenazan a cualquier nuevo emprendimiento y de paso a las libertades individuales: ¿también deberán tener registro de pasajeros los locadores? se aplicará sólo a los alquileres por día o será una obligación de cualquier locador? ¿qué costos y engorrosos adicionales traerá la regulación, y dónde se detendrá?
El concepto de equiparar a un propietario de un apartamento de dos ambientes con un hotel de 100 habitaciones también es una barbaridad importante. Y en definitiva, es otro negocio privado que intenta matar la fatal arrogancia.
La mejor forma de conseguir inversiones: dejar de odiar la actividad privada
Dentro de la ignorancia supina deliberada de la burocracia y de una parte no menor de la sociedad, está el hecho que se omite que no basta con otorgar ventajas para las radicaciones, declamarse paraíso de la tecnología y los nuevos negocios, país abierto al mundo y otras lindezas. También hay que dejar de odiar la actividad privada, más aún cuando se tratan de pequeños emprendimientos. Y eso se debe notar. Y no se nota con estas iniciativas. Al contrario. Meten miedo. Ya suficiente riesgo tiene cualquier actividad privada como para agregarle la acción de la burocracia y su permeabilidad a gentiles pedidos, o a su convicción de que es capaz de decidir mejor que los individuos lo que a los individuos les conviene.
Esa soberbia, esa fatal arrogancia, es el peor enemigo del progreso y del bienestar. Aunque sea un buen negocio para algunos políticos y algunas corporaciones. La mayor seguridad posible que se puede ofrecer es la libertad y el respeto a la propiedad privada en todos sus formatos. El resto son inversiones de papel.