El Plebiscito de la Seguridad Social acaparó la atención y los debates, por el riesgo que encierra para la economía. Su símil de los allanamientos nocturnos en cambio ha pasado casi desapercibido, tal vez porque solamente pone en riesgo la libertad, la integridad y hasta la vida, elementos que parecen ser menos valorados por la sociedad.
Es natural. Forma parte de los mecanismos de auto defensa del ser humano considerar que jamás le van a pasar circunstancias extremas, tal vez como forma de evitar el miedo. Todos creemos que enfermedades, accidentes o problemas de corte penal siempre le van a pasar a otros, jamás a nosotros. “-Quien nada debe nada teme-”, sostienen algunos, satisfechos en su simple ignorancia de la vida.
Muchos han descubierto por las malas, (hemos, en realidad), lo erróneo de tal creencia y empiezan a percibir que el poder del Estado puede llegar a ser usado en ocasiones con abuso y motivaciones impuras, incluso al margen de la propia Ley y la Carta Magna. Bastan para ello un Juez o un Fiscal inescrupulosos, o simplemente burros. Existen sobrados ejemplos recientes de casos por el estilo.
Así, la alegre renuncia a garantías cívicas constitucionales que plantea este Plebiscito constituye un peligro aún mayor que aquel patrocinado por la central sindical. Por ello habremos de asentar nuestra discrepancia, aún cuando algunas de esas almas simples nos etiqueten por ello como filo delincuentes o apoyos del narco.
Líbrese previo Oficio a UTE. Fecho, allánese.
La inviolabilidad nocturna del hogar, el “sagrado inviolable”, se estableció en nuestro orden constitucional en 1830 y no se debió a que no hubiera luz eléctrica, como se ha pretendido instalar, sino entre otras a la clara vocación garantista contra el poder del Estado. Ya lo advertía Artigas 17 años antes, en su discurso ante la Asamblea de Tres Cruces: “Toda clase de precaución debe prodigarse cuando se trata de fijar nuestro destino. Es muy veleidosa la probidad de los hombres, sólo el freno de la constitución puede afirmarla.”
No hizo referencia a un farol grande, muchas velas de sebo ni una profusión de lámparas de aceite, sino “al freno de la Constitución”.
Así, la Constitución de 1830 recoge las garantías civiles que antes estableciera en 1789 la Carta de Derechos de los Estados Unidos, en sus Enmiendas III y IV, ésta luego aún reafirmada por la XIV. Similar talante se advierte en la Constitución francesa de 1791, así como en otras de la época que sirvieran de modelo a la jurada el 18 de Julio de 1830, todas abocadas a salvaguardar al individuo de la intromisión estatal en su ámbito privado.
Eso sucede porque los Constituyentes originales entendieron que la Carta Magna no debía limitarse a regular eventuales interacciones en ese presente, entre gobernantes dignos, sino dejar establecidas hacia el futuro limitaciones a un posible desborde de poder por hipotéticos representantes del Estado con una elástica concepción de sus funciones y un mayor cariz autoritario.
Cosas sobre las cuales la existencia o no de luz eléctrica es irrelevante, y parece absurdo tener que marcar ese punto, sobre todo en tanto se marca como un factor determinante de la diligencia, por lo que un eventual allanamiento nocturno estaría dependiendo de la conexión o no a UTE del lugar objeto de la medida.
Solo cuatro países, blablablá…
Otro recurso en que se ha apoyado la campaña de este plebiscito es asegurar que solo cuatro países en el mundo no cuentan con una medida de este tipo. Eso es inexacto, como suele suceder con casi todas las afirmaciones absolutas y sin matices.
No obstante, por tratarse de una absoluta falacia no entraremos en el análisis profundo de ese postulado. No es necesario para rebatir a una falacia ad verecundiam, o de autoridad, por la que se defiende una posición sin aportar argumentos sino en base a la autoridad de algún grupo o a una costumbre establecida.
En rigor, el argumento debería operar al revés. Si solamente cuatro países contaran con ese instrumento y hubieran tenido éxito en la lucha contra este flagelo podría resultar de recibo. En cambio, está mucho más que claro que la lucha contra el narcotráfico se está perdiendo en todo el mundo, por lo que ese instrumento con el que contarían la absoluta mayoría de los países resulta irrelevante para su combate.
En efecto, nadie puede sostener seriamente que el contar con ese instrumento le haya sido de relevancia en la lucha contra el narcotráfico a países como Estados Unidos, Brasil, México o Argentina, donde según los promotores de la medida ésta se aplicaría sin restricciones.
De noche todos los gatos son pardos
Resulta absolutamente claro que una operación policial siempre encierra riesgos y no debería hacer falta establecer que desarrollar esa actuación en horas de la noche multiplica geométricamente esos riesgos.
Un allanamiento no es una común prestación de garantías, donde también pueden generarse enfrentamientos y de hecho los ha habido con costos mortales. Se trata de la última ratio en la acción policial, donde el único idioma es el de la violencia, en clima de enfrentamiento y alta carga de adrenalina, en un terreno desconocido y hostil para los irruptores y donde interactúan una serie de elementos de difícil, cuando no imposible, previsión, vecinos, transeúntes, perros, etc.
Eso resulta aún más preocupante cuando la habilitación se extiende para todo el país, donde no siempre se encuentran disponibles todas las fuerzas operativas equipadas y entrenadas para estas actuaciones, que mayoritariamente se habrían de realizar en entornos complicados.
En efecto, aunque tal vez pueda sorprender a los entusiastas de la luz eléctrica, un allanamiento difícilmente se realice en zonas de alta luminosidad, tanto por la situación geográfica como por la propia acción de los eventuales allanados, que no suelen celebrar la presencia de luminarias cerca de sus áreas de trabajo. Por cierto, tal vez algunos vuelvan a sorprenderse, acostumbrados a transitar por principales avenidas, pero hay muchas zonas en el país y en su capital donde basta alejarse 50 metros de una arteria principal para hallarse en penumbras.
¡Abra, Doña, e’ un ayanamiento!
Otra cuestión que no puede pasarse por alto, porque el enemigo también juega, es la utilización que de la existencia de esta “herramienta” puedan realizar los delincuentes.
Como no escapa a nadie, o no debería escapar, el ingreso subrepticio a fincas con fines de hurto, rapiña o copamiento experimentó un marcado crecimiento en las últimas décadas.
A raíz de ello el Artículo 1 de la LUC añadió algunas situaciones al concepto de Legítima Defensa, extendiendo ésta a aquel que defiende la entrada de una casa habitada o sus dependencias, “en las zonas urbanas: los balcones, terrazas, azoteas, parrilleros, barbacoas, jardines, garajes y cocheras o similares, siempre que tengan una razonable proximidad con la vivienda. Además, se considerarán dependencias de la casa en zonas suburbanas o rurales: los galpones, instalaciones o similares que formen parte del establecimiento, siempre que tengan una razonable proximidad con la vivienda”, así como a quien “repele el ingreso de personas extrañas, con violencia o amenazas en las cosas o personas o con la generación de una situación de peligro para la vida o demás derechos, en un establecimiento que desarrolle actividad comercial, industrial o agraria”
Ese fue uno de los 135 Artículos cuestionados en el Referendum del 27 de marzo de 2022, que fueran refrendados por la ciudadanía y que en caso de aprobarse este Plebiscito resultaría derogado tácitamente en los hechos, dado que a un eventual invasor nocturno de privacidad le bastaría con darse a conocer como protagonista de un allanamiento para desactivar toda posible defensa del agredido, quien además no podrá recurrir en su auxilio al chequeo de la veracidad o no de la medida reivindicada, por la razón del artillero. Nada funciona de noche en el sistema judicial.
Gatopardismo, las 24 horas
No solo en la noche abundan los gatopardistas, aquellos que sostienen la necesidad de que algo cambie, para que todo siga igual.
En las últimas décadas la actuación policial en torno a las “bocas” ha sido, por decirlo elegantemente, al menos cuestionable. Es cierto que no se trata de una situación fácil, que su erradicación total es imposible y que el abordar su control requeriría de gran despliegue de medios y recursos.
No obstante, también es real que la sociedad ya paga por esos medios y recursos, cada vez más, por lo cual no se entiende ni concibe la inacción.
Sobre todo, al considerar que en Uruguay no hay una producción significativa de drogas, por lo que casi la totalidad de lo que se mueve y consume ingresa desde el extranjero, cruza nuestras fronteras, circula por las rutas nacionales y se distribuye día a día por las calles de nuestras ciudades desde los depósitos a los pequeños revendedores, en una cadena constante de actividad 24/7.
Resulta claro que una actividad de esas características hace necesario un importante trabajo de investigación e inteligencia, con seguimientos, vigilancia y hasta infiltración. Para ello se han aprobado las herramientas legales precisas, creando las figuras del Agente Encubierto y el Colaborador y se cuenta con rubros de Gastos Confidenciales que harían posible el pagar por información.
Sin embargo, nada de ello ocurre en forma sostenida y la excusa que se maneja por años ante el fracaso general es la pretendida nocturnidad de las actividades minoristas, amparadas por la garantía constitucional.
No es algo nuevo. Ya en el Proyecto de Ley de Procedimiento Policial remitido por el Poder Ejecutivo en el año 2006 se trató, en su Artículo 126, de aplicar limitantes a la garantía establecida por el Artículo 11 de la Constitución, lo que finalmente no llegó a aprobarse por la negativa, entre otros, de los Legisladores del Partido Nacional.
Años después también el por entonces Fiscal de Corte Jorge Díaz abogaba por la medida, con argumentos muy similares a los actuales.
Vale decir, no estamos ante una idea nueva, surgida del profundo estudio y análisis de la realidad actual, sino frente a la reedición de conceptos que tienen su origen en la batería exculpatoria y autoindulgente de aquellos que, por acción u omisión, no cumplen con su función para la cual reciben cada vez más y más medios de la sociedad. Una excusa, en definitiva, que incluso ya fuera desechada en las urnas, como sucediera con la Reforma «Vivir sin Miedo» rechazada en las pasadas elecciones.
En efecto, la misma ya tenía al allanamiento nocturno como una de sus ideas fuerza y no logró la mayoría hace cinco años, tal vez porque la ciudadanía tiene absolutamente claro que las «bocas» no trabajan exclusivamente de noche, así como cual es la actuación policial en torno a ellas.
En suma, nos hallamos ante una ponencia que pretende, en definitiva, que algo cambie para que todo siga como está. El único cambio sustancial que podría operarse es que el individuo podría llegar a verse obligado a ceder su última línea de privacidad a personajes a los que en rigor jamás desearía tener cerca y que nada asegura que no puedan hacerse de la conducción de estos sistemas.
Por eso, el domingo a la hora de votar recuerde… hasta los vampiros necesitan ser invitados para poder ingresar de noche a un hogar.
