En Uruguay, al igual que en las Américas, hay tres causas principales de muerte, sobre todo entre los jóvenes: suicidios, violencia criminal, y la inseguridad vial.
En Uruguay, la inseguridad vial mata más ciudadanos que la violencia criminal, siendo el suicidio la causa que se ubica en primer lugar.
La violencia criminal hace tiempo que está en los primeros lugares de la agenda pública, de las campañas políticas electorales, y figura en lugar destacado en los programas propuestos por los distintos partidos políticos. Ello es así por qué en las encuestas acerca de los problemas que percibe la ciudadanía como prioritarios, la inseguridad vinculada a la violencia criminal, siempre figura en los primeros lugares de preocupación de la gente.
Respeto al suicidio, o violencia autoinfligida, recién en esta última campaña, comenzó a aparecer como tema de campaña política y se han propuesto medidas a tomar a la ciudadanía.
Nada de esto ocurre con la violencia vinculada a la inseguridad vial.
A pesar de ser la segunda causa de muerte en jóvenes, y afectar en mucho mayor medida a los pobres, es un tema que no existe ni en la campaña, ni en los programas de los partidos políticos.
La mortalidad en jóvenes vinculada a la pobreza, es hasta 8 veces mayor en los barrios pobres, que en las zonas de mejor nivel socio económico de la misma ciudad.
Es alarmante que los jóvenes pobres se mueran hasta 8 veces más que los jóvenes ricos. La misma asimetría se repite en las tres causas principales de mortalidad en los jóvenes.
Los jóvenes pobres, se mueren mucho más que los ricos. Tal vez, eso explique por qué este tema no es una prioridad en la agenda política, ni en las propuestas para el nuevo período de gobierno.
Los políticos, por más que presuman sobre su afán de mejorar a los sectores pobres de la sociedad, suelen estar bastante alejados de los barrios pobres, y no logran percibir sus verdaderos problemas. Lo mismo ocurre con la agenda WOKE, que en general es promovida por sectores intelectuales de izquierda, que también suelen estar bastante alejados de los barrios marginales.
https://www.frenteamplio.uy/wp-content/uploads/Prioridades-para-gobernar-Uruguay-PDF-1.pdf
Leyendo las 48 medidas propuestas por el Frente Amplio, se puede constatar que no se menciona ni una sola vez la inseguridad vial.
Lo mismo ocurre con el recientemente publicado acuerdo programático de la Coalición Republicana. En todo el texto publicado, no existe ni un capítulo, ni una frase, ni una sóla palabra que señale a este tema, como un problema grave de la sociedad que deba ser abordado y tratado como prioridad.
https://alvarodelgado.uy/pdf/compromiso_pais_2025-2030.pdf
El compromiso se divide en 22 capítulos. Ni uno sólo de esos capítulos está dedicado a la inseguridad vial. En cambio, sí hay un capítulo dedicado a la salud mental (que por supuesto tiene una muy estrecha vinculación con el suicidio), y otro capítulo dedicado a la inseguridad derivada de la violencia criminal.
Reitero, no hay un sólo capítulo dedicado a la inseguridad vial, así como tampoco hay ni una sola propuesta o medida que se relacione con la siniestralidad dentro de los 22 capítulos.
Ello a pesar que las consecuencias de la inseguridad vial, tanto por el número de muertos que provoca, como por los 20.000 heridos por año, tiene una gran incidencia y repercusión sobre varios de los ítems que se proponen mejorar.
Por ejemplo en los capítulos de Discapacidad (el tránsito es uno de los mayores generadores de discapacidad adquirida), o de Salud Pública (nuevamente el costo enorme que genera la atención de los siniestrados, de aplicar medidas preventivas se generarían ahorros enormes que se volcarían en la atención de otras patologías).
En los capítulos sobre Bajar el costo de vida, un Estado más simple, o una Economía más competitiva, son tres capítulos donde el costo que genera la siniestralidad vial, equivalente al 2 o 3% del PBI, es un factor determinante, que puede reducirse notoriamente y que tiene influencia sobre todos esos ítems.
También influye sobre el capítulo de la Seguridad Social, debido a la gran cantidad de años de vida saludable perdidos, dado que afecta sobre todo a personas jóvenes, que dejan de pertenecer a la población productiva, o pasan a depender de pensiones pagadas por la seguridad social.
La elevada mortalidad de jóvenes provocada por la siniestralidad vial, determina un agravamiento del envejecimiento poblacional que soporta nuestro país, con 10.000 nacimientos menos en la última década.
Está demostrado además, que las familias se empobrecen luego de que uno o más de sus miembros sufren un siniestro de tránsito, ya sea por qué dejan de ser productivos, o pasan a depender del apoyo familiar, agregando costos y utilización de tiempo para su cuidado por parte de la familia. Tiempo que restan al trabajo o actividades remunerativas.
Por lo tanto aumentará la necesidad de apoyo social o económico por parte de los organismos del Estado a estas familias.
No se trata sólo del costo en vidas perdidas, sino que hay pérdidas que van mucho más allá, y que un Estudio de la UNASEV (Unidad Nacional de Seguridad Vial) ha documentado, cuantificado y publicado en el 2021:
«Estudio de la carga global de los siniestros de tránsito. Análisis de la pérdida en salud por discapacidad y fallecimiento.»
La conclusión del estudio, es que entre el 2015 y el 2019, Uruguay perdió 32.000 años de vida saludable.
No son 32.000 días, son 32.000 AÑOS DE VIDA saludable, o sea, 11.680.000 de días de vida saludable debido a muertes prematuras y discapacidad.
Estudio de carga global de los siniestros de tránsito
Es inentendible, como no se percibe por parte de autoridades y políticos, la enorme repercusión e influencia que tiene la siniestralidad vial en todos esos ítems.
No aparece considerada en ninguna de las medidas planteadas en todos esos capítulos.
Dentro de las propuestas, se abordan temas de mucho menor repercusión y que no implican muertes de ciudadanos, como por ejemplo la reducción del número de empleados públicos, que permitiría ahorrar 250 millones de dólares.
Sin embargo no existe la más mínima mención al tema de la inseguridad vial, que le cuesta al país 10 veces más que lo que se anuncia de ahorro como una meta a alcanzar.
El costo de la inseguridad vial es equivalente al 2 o 3% del PBI, lo cual significa que se están gastando innecesariamente, dado que con una buena política de seguridad vial, ese gasto se ahorraría, casi unos 2.000 millones de dólares por año.
Una visión interesante sobre el costo que tiene la inseguridad vial, es calcular lo que le cuesta a cada trabajador o ciudadano activo, la siniestralidad:
https://issuu.com/revistasdp/docs/transporte_carretero_mayo_2023/s/24589484
Según un informe de UNASEV del año 2021 “Uruguay gasta usd 1.500 millones anuales en accidentes de tránsito”; lo cual significa un 2,5% del PBI de Uruguay, lo cual es llamativo y alarmante.
Teniendo en cuenta la población económicamente activa del país, el costo promedio anual para cada trabajador o empresario uruguayo, directa o indirectamente, es cercano a los U$S 800, esto quiere decir que mensualmente el costo es de unos U$S 67 para cada persona económicamente activa»
Otra visión, es calcular cuánto podría ahorrar cada país si implementara estándares ONU de fabricación en los vehículos que importa, y se adoptaran políticas de información al consumidor.
Estudio publicado por el BID.
https://www.autoblog.com.uy/2020/01/etiquetado-vehicular-de-seguridad-segun.html
https://contralaviolenciavial.org/uploads/DOCUMENTOS/MEJORA~1.PDF
Uruguay, si implementara estas dos simples medidas (la incorporación de las normas ONU en la construcción de vehículos, y un sistema de información al consumidor sobre la seguridad de los vehículos) podría incrementar su PBI entre un 0,6 y un 1,7%.
Es de destacar que ninguna de las dos medidas tienen costo alguno para el Estado.
Pero además, se evitarían el 30% de los muertos en el tránsito. Sólo teniendo en cuenta esto, debería ser un imperativo ético para todas las autoridades.
Evidentemente, la política de culpar al ciudadano como único causante de los siniestros, ya sea por imprudente, distraído, o por incumplir las normas de tránsito, ha hecho que la política de seguridad vial no le interese a nadie.
Ningún político pone el tema sobre la mesa, por qué piensa igual que la ciudadanía, que todo es culpa del comportamiento individual y que no hay nada en lo cual el Estado esté omiso y en falta.
La ciudadanía no le reclama ni le exige a las autoridades por los déficits y omisiones en su gestión, que determinan que los ciudadanos se deban desplazar en un sistema vial inseguro, con un altísimo nivel de riesgo.
Concluye el informe del estudio realizado por OPS entre los años 2013 y 2018 y titulado «La salud de los adolescentes y jóvenes en la región de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)» difundido en marzo: «Los homicidios causaron 24% de las muertes de adolescentes en la región; le siguen las muertes en el tránsito (20%) y los suicidios (7%).
En nuestro país también son esas las principales causas de muerte de adolescentes y jóvenes, pero en otro orden: primero están las lesiones por siniestros de tránsito, a continuación los suicidios, y en tercer lugar se encuentran los homicidios.»
Este problema no ocurre sólo en Uruguay, como documenta el estudio anterior, es un problema que trasciende a todas las Américas, es por ello que se han emitido alertas y se han propuesto programas de trabajo por parte de la OPS (Organización Panamericana de la Salud), dándole un enfoque de un problema de salud pública, por lo cual la propuesta se dirigió al MSP (Ministerio de Salud Pública).
Esto ocurrió en 2019, sin embargo, pasó todo el período de gobierno, y nada se ha avanzado todavía.
En 2020, datos oficiales publicados por el MSP, establecen que la inseguridad vial se encuentra por arriba de la violencia criminal, como causa de muerte en la población, siendo superada sólo por los suicidios.
Sin embargo, para el MSP, se trata de un problema inexistente dentro de los 30 problemas de salud pública priorizados para el 2030.
Objetivos Sanitarios Nacionales 2030 Caracterización de problemas priorizados
Nuevamente, debemos decir, que el problema es conocido y la magnitud del mismo también, sin embargo sigue siendo un problema oculto e ignorado, del cual no se discute ni se habla, por lo cual no es esperable conseguir mejoras en la situación.
Las soluciones existen, y han demostrado su eficacia en los países desarrollados, donde hace años se aplican políticas de vías y vehículos de tránsito seguras, fiscalización persistente e intensa, atención médica post siniestro adecuada, y la seguridad vial encarada como una política de estado.
Plan mundial del decenio de acción por la seguridad vial 2011/2020
Han sido publicadas desde hace por lo menos 15 años, por parte de la OMS (Organización Mundial de la Salud).
En Uruguay, dicho plan fue aprobado por ley, al igual que el plan del segundo decenio de acción por la seguridad vial 2020/2030.
Otra ley más, como tantas, que no se cumplió, ni se cumplirá tampoco la más recientemente aprobada del segundo decenio de acción, mientras la ciudadanía no se lo exija a los políticos.
https://www.academiadelmolino.com.uy/legislacion-seguridad-vial/ley-18904/