El Tribunal falló.
Y, como suele pasar cuando la Justicia habla claro, cada uno entendió exactamente lo que quería entender. Y todos contentos y llorosos.
El TCA dijo que el acuerdo con Katoen Natie es legal. Que el Estado podía hacerlo. Que no hubo ilegalidad. Que organizar el puerto no es pecado. Y que darle prioridad operativa a una terminal especializada no equivale, técnicamente, a un monopolio. Todo muy razonable.
Tan razonable que generó alivio inmediato. Sobre todo en quienes venían explicando desde hace años que esto no era un negocio raro, sino una política portuaria moderna, eficiente y alineada con el mundo. El mundo, se sabe, siempre queda bien en cualquier fallo.
Pero el Tribunal también dijo otra cosa. Dijo que no, que hasta ahí. Que una cosa es ordenar el puerto y otra muy distinta es prometer, por decreto, que nadie más va a poder competir hasta el año 2081. Porque para eso, explicó el TCA, se necesita una ley. Y no cualquier ley: una que diga claramente que cerrar el juego durante sesenta años es de interés general.
O sea: sí, pero no tanto.
Para algunos, el fallo es un triunfo rotundo. Se confirmó la concesión, la prioridad de atraque y la seguridad jurídica. Para otros, es apenas un empate técnico. Se cayó la cláusula más ambiciosa. Para otros más, es una derrota disimulada. Para los restantes, un desastre anunciado. Todo al mismo tiempo.
Montecon perdió donde más peleaba, pero ganó algo para mostrar. Katoen Natie perdió una garantía absoluta, pero se quedó con lo que importa: que los barcos vayan primero a sus grúas. Los antes quedaron validados en su estrategia, pero advertidos de que no puede atarse solo las manos por decreto, lo que valida la estrategia de los de ahora. Nadie se fue con las manos vacías. Nadie se fue contento del todo.
El concepto clave del fallo es exquisito: “priorización operativa”. No es monopolio, aclara el Tribunal. Es eficiencia. Especialización. Racionalidad. Una forma elegante de decir que todos pueden competir… siempre y cuando pasen después.
La cláusula de no competencia, en cambio, fue considerada demasiado. No ilegal en espíritu, pero sí en forma. El Estado no puede prometer que no va a cambiar de opinión durante seis décadas. Puede ordenar, priorizar, incentivar, negociar. Lo que no puede es garantizar eternidades por decreto.
Lo curioso es que esta parte del fallo tranquiliza a quienes temían un puerto cerrado y preocupa a quienes buscaban certezas absolutas. Unos celebran que haya una ventana abierta. Otros toman nota de que esa ventana, por ahora, da a un muro bastante alto.
El miércoles habrá conferencia de prensa. Hablarán exjerarcas, se explicará el fallo, se subrayará lo que se ganó y se relativizará lo que se perdió. Cada frase estará cuidadosamente diseñada para confirmar que esto fue, en realidad, lo que siempre se quiso.
Mientras tanto, el puerto seguirá funcionando. Los barcos seguirán entrando. La prioridad seguirá siendo prioridad. La competencia seguirá siendo posible, pero no urgente. Y la tranquilidad jurídica llegará, al menos, hasta nuevo aviso.
Al final, el TCA hizo lo que suele hacer cuando no quiere quedar mal con nadie: dijo que sí, dijo que no, y dijo que depende.
Y así quedó el asunto:
legal, pero no eterno;
abierto, pero ordenado;
competitivo, pero con fila preferencial.
Un equilibrio perfecto, donde lo que a unos les da seguridad jurídica es exactamente lo que a otros les recuerda que llegaron tarde a la cola.
Hasta la próxima, si es que hay…