Antes de empezar, una aclaración necesaria. Que una empresa se vaya y deje gente sin trabajo es una tragedia personal, familiar y económica. No tiene nada de gracioso. No me río de los trabajadores que pierden el empleo ni de lo que eso significa para sus vidas. Me río, en todo caso, de la idea de que el problema se resuelve con una ley que obliga a avisar antes de hacer exactamente lo mismo.
Ahora sí, vamos a lo nuestro.
En estos días el ministro de Trabajo, Juan Castillo, volvió a hablar del proyecto de ley que obligará a las empresas a avisarle al Estado antes de hacer despidos masivos.
Volvió a hablar. Porque la ley todavía no está, ni está el proyecto de ley, ni se conoce el borrador del proyecto de ley. Se sobreentiende que del proyecto de decreto está aún más lejos.
Sabre anunció entre 150 y 200 despidos. Antes había sido BASF, que recortará entre el 30% y el 40% de su plantilla local. Antes Yazaki, que dejó 1.200 personas en la calle de un día para el otro.
Y ahora, para hacer póker, AmBev Cympay, que detiene su producción por dos meses y no descarta el cierre definitivo.
Desde entonces el proyecto viene siendo mencionado con una frecuencia conmovedora. Existe como borrador. O como intención de borrador. O como voluntad política de pensar en un borrador. En cualquier caso, la preocupación está. Y eso siempre reconforta.
La idea es impecable: las empresas avisan, el Estado se prepara, se abre un diálogo, se buscan alternativas, se exploran salidas.
El subsecretario Hugo Barreto fue tranquilizador: la ley no limitará la libertad de despedir. No habrá prohibiciones. No habrá exigencias de justificación. No habrá obstáculos. Solo habrá que avisar. Después pueden despedir igual.
Es cierto que algún malintencionado podría preguntar qué hace exactamente el Estado en ese lapso entre el aviso y el telegrama final. AmBev Cympay ya anunció una pausa de dos meses. Es decir, el lapso existe. La pregunta ahora es qué cambia.
Pero eso sería desconocer el poder transformador de una reunión bien convocada.
El Estado convoca.
Las partes se sientan.
Se crea una mesa.
La mesa genera un acta.
El acta recomienda estudiar alternativas.
Se forma una comisión.
La comisión eleva un informe.
El informe sugiere conformar un grupo de seguimiento.
Y cuando termina todo eso, el CEO ya está en Dallas tomando otra decisión.
Pero el Estado estuvo ahí. Presente. Atento. Enterado.
Ahora bien, más allá del trámite, hay un problema de fondo. El empleo no aparece por ley. Aparece cuando alguien decide contratar. Y el que contrata lo hace cuando siente que, si algo sale mal, puede corregir.
Un mercado donde despedir es costoso, lento y políticamente visible es un mercado donde contratar se piensa dos veces.
Y a veces, pensarlo dos veces es no hacerlo.
Hay además un detalle que el proyecto no menciona. Cuando una multinacional avisa con tiempo que va a despedir a cientos de trabajadores, no solo le da margen al Estado para convocar mesas. También le da margen a que alguien decida ocupar las instalaciones, bloquear accesos o instalar una carpa reivindicativa en la puerta. Es una posibilidad estadística. Y es una situación que la multinacional va a querer evitar.
En el kiosco del barrio eso difícilmente ocurra.
Imaginemos al dueño del 24 horas de la esquina. Un empleado. Las cuentas en rojo. La heladera que hace un ruido sospechoso desde 2019. Llega el momento dramático: o cobra el empleado o cobra el dueño. Y el dueño, como suele ocurrir en estos casos, también tiene la mala costumbre de comer igual que su empleado.
Hay que despedir al cien por ciento de la plantilla. Es decir, a una persona.
Y ese empleado y el dueño son vecinos. Se cruzan en la panadería. Se saludan en Navidad. A esta altura son casi amigos. Es poco probable que uno le ocupe la heladera al otro.
La escala cambia las cosas. La ley, no tanto.
Yazaki se fue de un día para el otro.
BASF anunció recortes por trascendidos.
Sabre avisó desde Dallas.
AmBev Cympay anunció una pausa mientras evalúa si baja la persiana.
El kiosquero sigue dando vueltas.
El ministro dijo que Uruguay no merece enterarse así, por los pasillos. Y tiene razón. Uruguay merece enterarse formalmente, con nota membretada y copia en el expediente, de que le van a hacer exactamente lo mismo.
Pero con orden administrativo.
En definitiva, podemos quedarnos tranquilos. El proyecto está en estudio. Hay un borrador. O algo espiritualmente similar a un borrador. En algún momento estará listo.
Las empresas avisarán.
El Ministerio quedará notificado.
El Estado sabrá.
Y después van a despedir igual.
Hasta la próxima, si es que hay…