Los estudiosos de las ciencias sociales saben que el concepto de «clase política» fue creado por el sociólogo y político italiano Gaetano Mosca en el siglo pasado.
En un arbitrario y no especializado resumen de su idea, podemos decir que en toda sociedad existe el dominio de una minoría organizada que manda, dirige o gobierna sobre una mayoría desorganizada. La minoría organizada, la «clase política» o «clase dirigente», sustenta su dominio mediante un acuerdo tácito entre gobernantes y gobernados. En teoría pretende el bienestar general, siendo un nexo entre la sociedad y la administración del Estado.
Debiera quedar en claro que ese sistema es natural en nuestra especie. En todo grupo hay líderes, jefes o dirigentes que definen y dirigen a los demás individuos. Dirección que puede o no ser aceptada por estos, derivando en conflictos de supremacía. Es así en los primates, pasando por los grandes animales y también en nosotros.
El Estado somos…
¿Qué ocurre cuando la «clase política o dirigente» tergiversa su cometido esencial transformándose en «casta»? La cual privilegia sus intereses por sobre los del conjunto. De acuerdo con la tercera acepción de la RAE, casta es un grupo que forma una clase especial y tiende a permanecer separado de los demás.
Las recientes elecciones nacionales y las actuales municipales dan cuenta de ese divorcio o separación entre la clase política uruguaya y la sociedad.
Ningún integrante de tal clase política cuestiona la incongruencia de superponer 19 administraciones departamentales con gastos exponenciales e innecesarios. Todo lo contrario, estiman en continuar superpoblando de puestos improductivos las administraciones.
En el caso de Montevideo, la más grande e inoperante administración, luego de la del Estado, un parte defiende los gastos superfluos y pretenden incrementarlos mediante la exacción de nuevos o más abultados impuestos. La otra parte cuestiona esos gastos, pero nada dice de recortar, achicar o eliminar estructuras superfluas. Ambos son parte de lo mismo.
A nivel nacional ocurre algo similar. Todos sostienen los monopolios estatales. Se horrorizan ante la posibilidad de ceder gestión (entiéndase poder y financiamiento) a privados. Los organismos públicos y descentralizados acumulan capa tras capa de funcionarios de que no se sabe muy bien qué hacen (se estima que ellos tampoco).
Falta de planificación
Una de las funciones de la clase dirigente es planificar el futuro inmediato y a largo plazo. No lo hacen y no queda claro si no saben o no les interesa. Uruguay carece de un proyecto productivo del país. Carece de visión estratégica y se deja llevar por las olas ideológicas sin atinar a considerar sus propios intereses.
Planificar un país es gobernar a favor de la producción. Preguntar qué necesita cada sector. ¿Cuáles cosas les afectan para poder producir más y mejor? Actuar en consecuencia sería proceder cada día a quitar regulaciones y simplificar la estructura tributaria. Continuamos con leyes laborales de principios del siglo pasado. Por lo que resulta lógico que nos hayamos quedado como país a principios del siglo pasado. Muy soviético lo nuestro.
Ante la disminución de los índices de natalidad, a lo único que atinan es a atraer mediante espejos de colores a decenas de miles de emigrantes. Lo que indica una notable falta de discernimiento de nuestra clase dirigente. A ninguno se le ha ocurrido mejorar las condiciones productivas del país, hacerlo atractivo para los propios y nuevos ciudadanos. De tal manera, no solo se quedarán los hijos que expulsamos, sino que también vendrán nuevos habitantes con conocimientos y profesiones de valor agregado. No se trata de llenar al país de personas que aprovechan las ventajas circunstanciales que se ofrezcan. Se trata de hacer mejores ciudadanos, más productivos y que quieran al país.
Un país, cuya clase dirigente considera que arrojar sus aguas servidas al río es una política de Estado, y solo discuten a qué distancia será mejor, habla mucho de su escaso discernimiento y preocupante futuro para el país.