INDDHH, Instituto Derechos Humanos Uruguay

INDDHH o el Monstruo Bajo la Cama

Escribe Alfredo Bruno

Cuentan que un Candidato, en época de elecciones, se sentía muy mal y agotado ya que no podía conciliar el sueño, en tanto apenas se acostaba le asaltaba la idea de que había un monstruo debajo de la cama, esperando para atacarlo. Así, se pasaba las noches levantándose a revisar, sin lograr dormir. Buscó ayuda profesional y el psicólogo le explicó que eso se debía a un trauma profundo de la niñez, y que dejarlo atrás insumiría una larga terapia.

Sin embargo, al poco tiempo el Presidenciable estaba curado por completo, abocado a la actividad electoral con toda energía, por lo que el Psicólogo lo llama y le pregunta como hizo, si nunca había dio a una sesión…-Ah, le planteé el tema a mi Jefe de Campaña, él le cortó las patas a la cama y ahora duermo tranquilo, ¡sabiendo que nadie puede meterse debajo de ella!

Crisis en la Elección del INDDHH

Elección directores inddhh uruguay

Se ha dicho hasta el hartazgo en charlas y textos de autoayuda que “crisis” significa “oportunidad” en chino. Demos eso por bueno, sin detenernos en su cuestionada exactitud, y llegaremos a la conclusión de que la amistosa y equilibrada crisis generada en los nombramientos de los nuevos Directores de la Institución Nacional de Derechos Humanos de Uruguay, INDDHH, nos presenta una gran oportunidad para replantearnos la razón de ser de su existencia.

Para ello, nada mejor que rastrear su origen, las razones del mismo, la exclusividad en su rubro y las acciones logradas en más de una década de actuación

Origen

El INDDHHU fue creado por la Ley 18.446, de 24 de diciembre de 2008, “como una institución del Poder Legislativo, la que tendrá por cometido, en el ámbito de competencias definido por esta ley, la defensa, promoción y protección en toda su extensión, de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y el derecho internacional”, según se afirma en su Artículo 1°.

A más de 10 años de este “regalo de Navidad” es tiempo de evaluar su razón de ser. Al fin y al cabo, hasta Papá Noel puede equivocarse…

Papá Noel INDDHHDentro de la extensa lista de sus Cometidos se encuentran una amplia serie de facultades al alcance de cualquier habitante del territorio, proponer, promover, colaborar, emitir opiniones, etc, así como otras funciones constitucionalmente determinadas a otros Órganos, como el Ministerio de Relaciones Exteriores para el relacionamiento con organismos internacionales, la ANEP para la educación de DDHH, y el Poder Judicial en lo atinente a investigaciones sobre presuntas violaciones a los DDHH.

Para el cumplimiento de estos objetivos su navideña Ley fundacional, así como la 18.806, Decretos Regulatorios y posteriores disposiciones modificativas y concordantes le han asignado amplios poderes y presupuestos, en tanto sus actuales jerarcas y funcionarios gozan de remuneraciones muy superiores a los de otros Incisos y Unidades Presupuestales.

Eso llevaría a que un observador desprevenido, viajero de otras galaxias, concluyera que en el Uruguay de aquel entonces se vivía una dramática situación de Derechos Humanos, similar a la de otros países, y que los institutos por entonces existentes no funcionaban o no ofrecían garantías.

No obstante, nada más alejado de la realidad, pese a lo que algunos quieran creer e imponer.

Muy lejos de ser un Estado fallido, en Uruguay desde el 1 de marzo de 1985 se vive en un completo Estado de Derecho, donde los tres Poderes actúan en pleno uso de sus facultades y con todas las garantías, y cada actuación que sobre el tema DDHH se mantuvo fue siempre dentro de las normas de la Ley, incluso con el respaldo expreso de la ciudadanía en referendum. Dos veces, con 20 años de diferencia.

Por Sus Frutos Los Conocerás…

Lamentablemente, debemos reconocer que pese a esa envidiable situación institucional existían violaciones a los DDHH en nuestro país. Nuestras cárceles, penitenciarías y centros de reclusión merecieron la calificación de “inhumanas” por parte de Manfred Nowak, ex relator especial sobre torturas de Naciones Unidas, en el año 2009.

Años después, en una visita de seguimiento, repitió esos conceptos, añadiendo que además “constituyen una violación sistemática y continua de los derechos humanos de los presos”. Además cuestionó la gestión de las cárceles y criticó que pese al cambio de nombre –en lugar de Dirección Nacional de Cárceles pasó a llamarse Instituto Nacional de Rehabilitación– se reprodujeran antiguos errores.

El informe mencionó que el gobierno realizó esfuerzos como la construcción de la nueva cárcel de Las Rosas en Maldonado, y de institutos que unifican criterios operativos (el INR, que administra las cárceles para adultos, y el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescentes para los menores). Sin embargo, advertía que “resulta difícil entender cómo a través de una mera nueva nominación de las instituciones, así como de su personal, puede llevarse adelante un enfoque y método de trabajo verdaderamente nuevos”.

En el caso de Las Rosas señaló: “La construcción y administración de la cárcel no se correspondían con las necesidades de un establecimiento destinado a la rehabilitación de las personas”. La nueva cárcel no presenta “oportunidades educativas, recreativas y laborales”.
El informe advertía que “la construcción y renovación de las cárceles tienden a reproducir los errores cometidos en administraciones anteriores”.

Lamentablemente, años después de esas conclusiones podemos afirmar que las condiciones de esos Centros no han tenido mayores cambios positivos, y el hacinamiento provocado por la reciente mayor prisionalización no ayuda a mejorar situaciones de por si ya muy complejas.

Así lo dejó ver el informe anual sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado de los EEUU de 2018, donde nuevamente se observaba que “las prisiones y centros de detención continúan siendo “pobres” e “inhumanas” debido a la superpoblación, condiciones sanitarias y médicas inadecuadas, programas socioeducacionales inadecuados y altos niveles de violencia entre los internos.”

Ese informe también abarcaba otros ámbitos, como el de la libertad de expresión, donde señalaba el episodio de febrero de 2018, cuando el entonces presidente Tabaré Vázquez fue llamado “mentiroso” por un colono, cuya información personal fue divulgada por el sitio de Presidencia de la República luego de este incidente, y recordó que el INDDHH instó a Presidencia a retirar esa publicación.

Vale decir, las proposiciones, promociones, colaboraciones, opiniones, recomendaciones y propuestas que haya podido realizar el INDDHH en todos estos años lograron cambiar el nombre de la entidad regente de las cárceles y que se retirara un informe vejatorio ya publicado en una página web oficial.

Sobre Funciones y Funcionarios

Por cierto, el INDDHH no ha estado solo en ese poco productivo camino. En tanto a los uruguayos nada parece gustarnos más que duplicar organismos oficiales, en 2013 se aprueba la Ley 19.149, que en su Art. 67 establece “Créase en el Inciso 02 – «Presidencia de la República», programa 481 «Políticas de Gobierno», unidad ejecutora 001 «Presidencia de la República y Unidades Dependientes», la Secretaría de Derechos Humanos, hoy a cargo de la ex Ministra de la Corte Electoral Sandra Etcheverry.

Este «será el órgano rector del enfoque de derechos humanos en las políticas públicas del Poder Ejecutivo», continúa la citada norma. En tal carácter, tendrá los cometidos generales de promoción, diseño, supervisión, coordinación, evaluación, seguimiento y difusión de las políticas públicas con enfoque de derechos humanos y, en particular, la coordinación de dichas políticas cuya ejecución permanecerá a cargo de los distintos Incisos.”

El Artículo 68 de esa norma, claro está, define el cargo y rubros: “Transfiérese el cargo de particular confianza creado por el artículo 229 de la Ley N° 17.930, de 19 de diciembre de 2005, al Inciso 02 -«Presidencia de la República», unidad ejecutora 001 «Presidencia de la República y Unidades Dependientes», con la denominación de «Secretario de Derechos Humanos», cuya remuneración se ubicará en el nivel previsto por el literal C) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986”.  Vale decir, 85 % (ochenta y cinco por ciento), de la remuneración de un Sub Secretario de Estado, lo que equivale a algo más de $210.000 a valores actuales.

Naturalmente, fiel a la ya enunciada costumbre, la norma dictaba como deberían seguirse duplicando las responsabilidades y funciones, en tanto establece que “Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio de Educación y Cultura mantendrá su competencia en materia de ejecución de las políticas de derechos humanos de acuerdo a sus cometidos generales y, en particular, promover la sensibilización y el conocimiento de tales derechos, y la educación en derechos humanos, en todo el sistema educativo nacional, público y privado, formal e informal (literal C del artículo 229 de la Ley N° 17.930).”

Vale decir, ya tenemos a la ANEP, el Ministerio de Educación y Cultura, el INDDHH y ahora a la Secretaría de DDHH para educar en esa materia. Parecería suficiente, pero no lo es.

En efecto, en 2013 por  Resolución N° 463/2013 se crea la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, “soporte funcional y administrativo del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia”,  el que deja de funcionar el 29 de febrero de 2020 y fuera colofón de la original “Comisión para la Paz”.

Naturalmente, que el Grupo de Trabajo al que esta Secretaría debiera ser “soporte funcional y administrativo” hubiera cesado en sus funciones no fue óbice para que el 8 de mayo de 2020 la Presidencia de la República encomendara por Resolución la Dirección de esta Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente a la Sra. Matilde Rodríguez Larreta.

Tal vez el amigo lector considere que el tema DDHH ha recibido ya suficiente atención oficial, además de la obvia, natural y legalmente establecida de los Órganos y Poderes constitucionalmente obligados a ello.

Incluso además recuerde aquella disposición del Artículo 59 de la Constitución, “el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario” y se pregunte si acaso fue derogada.

Lamentamos decirle que la pasión uruguaya por duplicar funciones y crear más cargos ha ido mucho más lejos, al punto que será objeto de un nuevo encuentro, más adelante.

Las Patas de la Cama, el Nuevo Nudo Gordiano.

Lo que en cambio queda claro es que frente a este cisma causado por los nombramientos de los nuevos Directores del INDDHH parece llegado el momento de cortar las patas de la cama, para impedir que algunos monstruos puedan ocultarse bajo ella. Sobre todo al considerar quienes son, dentro y fuera de fronteras, los que se rasgan las vestiduras cual penitentes plañideras ante el más leve indicio de que puedan ver acotado en todo o en parte su coto de caza.

Sin entrar siquiera en el más ligero análisis de sus conductas a lo largo de este tiempo, surge claro que el Instituto no tiene razón de ser en un Estado de Derecho, que no ha desarrollado acción o evento alguno que pueda justificar el alto costo que significa y que hasta el momento no se ha conocido ningún argumento de peso para su mantenimiento, apenas consignas liceales o falacias de todo tipo.

Lo más parecido a una razón relevante fue lo manifestado por la Vicepresidente Argimón en el debate sobre el presupuesto del INDDHH, cuando al cuestionarse la validez de su existencia por parte de un Senador cuyo Partido hoy reclama un cargo en ella, manifestó “ha sido un compromiso del Presidente de la República y, por lo tanto, lo mantenemos así”.

Un argumento irrebatible, si Uruguay fuera una monarquía.

 


 

 

 

 

contador de visitas para blog