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Carta Senador Amílcar Vasconcellos

8 febrero, 2023
Dr. Amílcar Vasconcellos, Senador colordo y duro denunciante del golpe de estado.

Carta al Pueblo Uruguayo, 31 de enero de 1973.

Amílcar Vasconcellos, autor de Febrero Amargo

Hace un siglo el Uruguay entraba a la etapa histórica que fue conocida por el «período militarista».
Estos días han resurgido, y no por mera coincidencia, panegiristas entusiastas de Latorre.
Naturalmente el país está entrando nuevamente a otro «período militarista». Naturalmente, con características diferentes al de entonces. Nuestro ejército no es el mismo y tiene más formación civilista e intelectual, lo que no era común en aquella época.
«Las instituciones», por otra parte, y el respeto a las mismas, poseen ahora una fuerza de «hecho histórico» que nadie puede negar.
Quien levante su mano para traicionarlas —nadie lo ignora— aunque pueda recoger el ‘momentáneo aplauso de los serviles de turno y de los incautos que rinden tributo al vencedor de la hora, lleva consigo una mancha indeleble que recaerá no sólo sobre su persona sino que se volcará sobre sus descendientes.
La técnica ha variado.
Nadie, sin embargo, salvo por cobardía, por comodidad o por ceguera histórica tiene el derecho de ignorar que hay en marcha en este nuestro Uruguay —más allá de las declaraciones que se hayan hecho y que se puedan hacer— un movimiento que busca desplazar a las instituciones legales para sustituirlas por omnímoda voluntad de los que pasarían a ser integrantes de la «internacional de las espadas».
El pueblo tiene que saberlo porque él, y sólo él, es capaz de evitar que esta afrenta, vergonzosa y ultrajante, pueda ocurrir.
Los hechos son claros y la historia reciente. El ministro Legnani la señaló y analizó doctrinariamente en una nota singular que leímos en el seno del parlamento.
Tuvo que renunciar porque no pudo proceder a remover a un jefe encargado de una misión de alta importancia para el ministerio y —en consecuencia— para el Poder Ejecutivo, o sea, en definitiva, para las instituciones.
Esa nota del doctor Legnani no era otra rosa, como pudimos probarlo más tarde en la Asamblea General, que el comentario y contestación a un plan debidamente estructurado donde se establecían las bases conforme con las cuales se habría de proceder para dar un primer paso a efectos de ir apoderándose del control de la administración como etapa inicial que pudiera incluso llevar a planteos que motivaran roces o choques con las propias normas constitucionales.
Todo esto fue leído en el parlamento. Las explicaciones que en tal emergencia diera el ya ministro doctor Malet —era un elemento de trabajo de un instituto de enseñanza militar— pudo aparecer como una ingenuidad de adolescente, como una «travesura parlamentaria» o como una «tomadura de pelo» de sus informantes. Empezaba recién su función y dada la alta opinión que sobre sus convicciones democráticas teníamos no hicimos mayor cuestión sobre ello.
Las cosas han cambiado.
Los mandos militares han hecho publicaciones enjuiciando al propio presidente de la república, sin conocimiento del ministro y naturalmente sin conocimiento del enjuiciado, y el ministro Malet —a quien se llevaron por delante dichos mandos— se solidariza con la crítica al Poder Ejecutivo e increíblemente se mantiene en la cartera ministerial.
Y la prensa hace referencia a declaraciones de jerarcas militares que en esencia intentan justificar la subversión señalando: ella es la consecuencia de la corrupción, y para hacerla, al señalar que en tales o cuales sectores de la administración esta corrupción existe, no vacilan en incurrir en actos que son de por sí básicamente corruptores porque son subversivos al llevarse por delante sus mandos naturales y al entrar en declaraciones y valoraciones políticas que les están vedados.
La corrupción existe no sólo cuando se usan mal los dineros del pueblo —y ésta es y debe ser sancionada por los órganos administrativos y judiciales pertinentes— existe también cuando se busca sustituir a los organismos normales de la administración por quienes no teniendo facultades ni autoridad para ello la asumen por el sólo hecho de tener la fuerza en sus manos.
Alguna vez hemos escrito en circunstancias similares para el país de tristes recuerdos que no desearíamos ver repetir: «Es ladrón el que roba los dineros del pueblo; pero también es ladrón el que roba las libertades a un pueblo».
Y aquello que dijimos en los días de nuestra zahoreña adolescencia lo reiteramos, más convencidos que nunca hoy, luego de un largo trajinar por la vida pública y por los caminos de la acción.
La corrupción se corrige por los medios que la administración y la justicia tienen para ello; la subversión se corrige o se supera mediante la lucha sangrienta, dejando en el camino vida de inocentes, sacrificando el prestigio y el avance de un pueblo y muchas veces comprometiendo su propia independencia.
Que alguien pretenda justificar la existencia de la subversión porque en algunos sectores aparezcan elementos de corrupción sólo puede explicarse si existe —como existe y lo hemos probado con lecturas de documentos en el parlamento—, un deliberado propósito de ir capitalizando hechos para justificar el progresivo desplazamiento del control de la administración —por ahora— para pasar: en el momento que Se estime oportuno al control del gobierno prescindiendo de las normas constitucionales vigentes.
Eso está escrito en un documento que fue leído en la Asamblea General, contestado en un documento leído en el senado escrito por el doctor Legnani siendo todavía ministro de Defensa y sólo no lo entiende quien no quiera entenderlo o quien no tenga el coraje elemental de llamar las cosas por su nombre.
No seremos nosotros quienes vayamos a sostener que este pensamiento vive en el espíritu de la inmensa mayoría del ejército nacional. Todo lo contrario.
Conocemos la profunda indignación que a centenares de militares —en actividad y en retiro— provoca esta manera de proceder.
Tampoco seríamos nosotros quienes afirmáramos que porque ha habido y hay actos de corrupción a cargo de muchos integrantes de las Fuerzas Armadas —que analizaremos en la interpelación que oportunamente realizaremos al doctor Armando R. Malet, solidario con los mandos en la censura al presidente de la república según hechos públicos—, la corrupción es una norma corriente en la vida castrense.
Por el contrario. Conocemos gente de acrisolada honradez y sacrificada vida puesta al servicio de una vocación con afán de servicio. A algunos los hemos combatido en el plano político cuando en él han incursionado; pero no les haríamos el agravio de desconocer por nuestras discrepancias sus vidas ejemplares. Sabemos de los otros —y a ellos habremos de referimos en esa interpelación y ya en algunas oportunidades hemos incorporado a actas del senado pruebas, pruebas instrumentadas por organismos oficiales especializados— de hechos demostrativos de increíble corrupción.
A nadie con sentido común puede ocurrírsele que porque ésta ha existido está comprometido el prestigio del ejército y que éste no tiene instrumentos y medios para sancionar y aun desplazar de su seno a aquellos que ‘se han comportado de manera lesiva para las normas de corrección’ y honor que le rigen. El que no siempre haya ocurrido así —y lo pondremos de manifiesto en el parlamento—, puede ser falla de los hombres que en su momento tienen en sus manos la labor del contralor; pero nadie puede concluir de ello que éste justifique tareas de subversión.
El hecho real que el pueblo de este país tiene que saber es que más allá del silencio de unos, de la provocación de otros, del estímulo que los serviles de siempre brindan desde ya a lo que pueda ocurrir, la defensa de las instituciones está pura y exclusivamente en las manos del pueblo y en la responsabilidad de los partidos políticos.
El plan trazado, que seguirá tomando institución por institución para tratar de desprestigiarlas acusándolas de tener en su seno elementos de corrupción, y convirtiéndose en fiscal acusador, sigue su marcha.
El desplazamiento del poder público —o sea el poder político— mediante órdenes y circulares que tendrán que ser debidamente analizadas en la órbita parlamentaria por la gravedad que tienen en cuanto significan desplazamiento de los centros de poder y sustituir leyes por órdenes, sigue realizándose.
Hay que centrar el problema en sus justos y reales términos para comprender la gravedad del momento que Uruguay está viviendo: un núcleo de hombres —que no están a la altura de su misión histórica— siguiendo leyes sociológicas conocidas de imitación, empiezan a pensar y están actuando ya —el documento a que hemos hecho referencia lo prueba— que la única fuerza organizada capaz de darle cohesión a un país en crisis son las Fuerzas Armadas.
En otros países latinoamericanos la «soberanía radica en los cuarteles», según los gobernantes de turno y algunas mentes extraviadas creen que en el Uruguay el hecho igualmente puede ser cierto.
Sabemos que la inmensa mayoría del ejército nacional —en todos sus sectores—, integrado por gente sana, moral y espiritualmente, hijos de un pueblo profundamente sano, saben que en esta tierra la ciudadanía radica en el pueblo y que sólo a éste toca designar su representación y elegir sus gobernantes.
Hemos leído —estos días— con profunda pena por nuestro Uruguay, los títulos y comentarios de algunos diarios europeos tratando de describir nuestra realidad actual.
El dilema para nosotros es muy claro: o defendemos las instituciones contra quien sea —subversión de donde venga y cualquiera que sea el pretexto que adopte y el nombre o condición del subversor—, o dejamos, los gobernantes por el pueblo, de cumplir con nuestra obligaci6n y entregamos al país al caos, a la dictadura que siempre lleva consigo todas las corrupciones, todas las arbitrariedades y todos los latrocinios.
Estamos a tiempo: que se movilicen los partidos políticos; qué se adopten medidas a nivel gubernamental para que los ministros hagan respetar su investidura y no marchen al son que toquen sus subordinados; que cada uno actúe dentro de las atribuciones que les marca la ley.
No tenemos duda de clase alguna que, para la defensa de las instituciones —salvo algunos sectores de espaldas al país— todos los partidos políticos responsables están dispuestos a aportar su esfuerzo.
Todo es todavía simple con un poco de decisión; todo es inmensamente difícil ya que no hay ánimo y voluntad de decirle a la república: en el Uruguay sólo mandan las instituciones, fiel reflejo de la voluntad popular, a través de sus gobernantes electos por la ciudadanía en función dé las normas que regulan nuestro ordenamiento jurídico. Los demás, están de más.
Y si entre su ambición personal y país, prefieren la primera, que le hagan un gran bien a la república, a sí mismos y a sus descendientes: que se retiren, todavía con honor, a la vida privada. .
Que nadie se haga ilusiones: Latorre llegó nadie ha olvidado cómo se tuvo que ir; los «LATORRITOS» que tratan de llegar —aunque puedan lograrlo mediante la ayuda de cobardes y traidores—, que no olviden la lección histórica.