Se ha definido a la Historia como una cadena, y por ende no puede estudiarse cada episodio como un eslabón aislado. Por ello, para entender los hechos de febrero de 1973 es necesario referirse, al menos en un rápido sobrevuelo, a circunstancias anteriores que le dan contexto.
No fue este el primer escarceo militar. Por el contrario, se pueden encontrar los primeros ya en la década del 50, con el nacimiento de la Logia de los tenientes de Artigas, liderada por el general Aguerrondo.
Más cerca en el tiempo, y a la luz de la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha antiterrorista esos desplantes se fueron sucediendo, en una suerte de pulseada donde se iban probando los límites para ver hasta donde resistían.
Siempre cedieron.
Así, de a poco se fue instalando en la mentalidad militar la idea de desplazar a la clase política, que era vista como ineficiente y corrupta, la principal responsable de la situación crítica que vivía el país.
Para ello los militares partían de un doble diagnóstico , a saber que la corrupción es lo que impide el desarrollo y en tanto los políticos son los responsables de la corrupción ellos son los que frenan el desarrollo nacional.
Curiosamente ese razonamiento infantil era el mismo que hacían los tupamaros, una similitud que se unía al desprecio que ambos, militares y terroristas, sentían hacia la democracia.
Por eso resultó fácil algo que parecería imposible, el que un grupo importante de tupamaros colaborara con sus carceleros para detectar supuestos ilícitos económicos, en el marco de la llamada «Tregua», que tuviera como principal teatro de operaciones al Batallón Florida, irónicamente el encargado de la custodia del Poder Legislativo.
En parte movidos por una ingenuidad ideológica poco creíble, y también en parte impulsados por cálculos políticos y económicos, los militares se lanzaron a investigar supuestos ilícitos económicos sin someterse a ningún control por parte del gobierno, y en muchos casos en total complicidad con tupamaros detenidos.
En octubre de 1972, los mandos militares desconocieron una orden judicial que obligaba al Poder Ejecutivo a liberar a cuatro médicos. El desacato llevó a la renuncia del Comandante en Jefe del Ejército General Florencio Gravina, y del ministro de Defensa Augusto Legnani.
Días después, dos oficiales del Batallón Florida pretendieron detener ilegalmente al actuario del Juzgado en el que estaba radicada una vieja denuncia presentada contra Jorge Batlle en la época de la supuesta “infidencia” de 1968.
Batlle interpretó el hecho como un ataque político y respondió el 25 de octubre con un discurso por radio y televisión.
Las declaraciones de Batlle fueron consideradas agraviantes por las Fuerzas Armadas, que exigieron y obtuvieron su detención. El líder colorado fue liberado, y la 15 retiró a sus tres ministros del gabinete de Bordaberry: Francisco Forteza (Economía), Walter Pintos Risso (Obras Públicas) y Julio María Sanguinetti (Educación).
Sobre fin del año 1972 se produjo otro episodio, en relación a un sonado caso en la época de corrupción y malversación de fondos en la Junta Departamental de Montevideo, que originó un pronunciamiento público de los Comandantes en Jefe, condenando el hecho e incursionando abiertamente en temas de política, también sin recibir represalias.
En ese estado de situación, tras la renuncia de Legnani, el Presidente Bordaberry designó como Ministro de Defensa al abogado Armando Malet, quien rápidamente demostró que no estaba en condiciones de controlar la situación militar.
Así, el jueves 8 de febrero de 1973, Bordaberry decidió sustituirlo por Antonio Francese, un general retirado que había sido Inspector General del Ejército, Ministro de Defensa entre 1967 y 1970, y Ministro del Interior entre 1970 y 1971, un militar de firmes convicciones constitucionalistas con un objetivo claro: los militares habían derrotado a la guerrilla y debían volver a los cuarteles, dedicarse a sus funciones, subordinadas al poder civil.
Apenas asumir Francese se produce la renuncia del Comandante en Jefe del Ejército, General César Martínez, viéndose incapaz de controlar a su Arma. El Ministro removió también al Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, Brigadier José Pérez Caldas, pero éste se negó a dejar el cargo.
Ante estos hechos el Ejército y la Fuerza Aérea se acuartelaron y a las ocho de la noche, el Jefe de la Brigada de Ejército N° 1 y el Comandante de la Fuerza Aérea aparecieron en las pantallas de Canal 5, que había sido ocupado por tropas del Ejército.
Los dos militares anunciaron que desconocerían las órdenes de Francese y reclamaron su destitución, en el más claro acto de desacato militar que conocía el país.
“Los Mandos Militares del Ejército y Fuerza Aérea –decía el texto– han decidido desconocer las órdenes del ministro de Defensa Nacional, General Francese, al mismo tiempo que sugerir al señor Presidente de la República la conveniencia de su relevo”.
El Presidente Bordaberry apareció dos horas más tarde en la pantalla de Canal 4, acompañado de Francese y afirmó que lo mantendría en el cargo, tras lo cual convocó a la ciudadanía a manifestar su apoyo concentrándose en la Plaza Independencia.
Bordaberry llegó a esa intempestiva cita acompañado de un puñado de dirigentes ruralistas, blancos y colorados, pero solo encontró unas decenas de ciudadanos. En aquellas condiciones extremas, casi nadie sintió la necesidad de distinguir entre el apoyo al gobierno y el apoyo a las instituciones. Tampoco sintió esa necesidad el Parlamento, que continuó con su receso veraniego.
Viernes 9 de febrero
A la mañana del día siguiente, 9 de febrero, la Ciudad Vieja amaneció ocupada por la Armada. Los fusileros navales habían interrumpido el tránsito con barricadas y controlaban un perímetro que iba desde la bahía hasta la rambla Sur a través de la calle Juan Carlos Gómez. El Puerto, la Aduana, el Correo, los ministerios de Defensa y Ganadería y los juzgados quedaron aislados. Los barcos de guerra estaban en posición de combate frente a la costa.
Los movimientos de la Armada no eran actos de insubordinación ante el poder civil, sino lo opuesto. El comandante en jefe del arma, contralmirante Juan José Zorrilla, había decidido cumplir su juramento de servir a la Constitución y a las instituciones democráticas, que estaban siendo amenazadas.
Para eso buscó generar un espacio de seguridad que permitiera al Presidente de la República hacerse fuerte y controlar el levantamiento del Ejército y la Fuerza Aérea. El operativo había sido diseñado para el caso de una gran ofensiva guerrillera, pero ahora era usado contra el resto de las Fuerzas Armadas.
La respuesta del Ejército no se hizo esperar: esa misma mañana ocupó varias emisoras de radio, desde las que exhortó a los marinos a unirse a su causa. También tomó el control de los diarios. La tensión subió al máximo cuando una columna de blindados del Ejército se dirigió hacia la zona del puerto.
El contralmirante Zorrilla dio al cuerpo de oficiales una orden clara: al primer tiro proveniente del Ejército se abriría fuego. Todos estaban armados a guerra. La probabilidad de que se entrara en combate era muy alta.
Los mandos militares reconocieron a Hugo Chiappe Posse como Comandante del Ejército en operaciones, ignorando al legítimo Comandante en Jefe General José Verocay.
Tras Chiappe Posse se alinearon los generales que tenían mando sobre tropas: Esteban Cristi, Eduardo Zubía y Julio César Vadora, como así también Gregorio Álvarez, por entonces Jefe del Estado Mayor Conjunto.
Durante todo el día 9 el Contralmirante Zorrilla esperó en vano órdenes de Bordaberry. A su vez Zorrilla tuvo contactos con algunos líderes políticos (entre ellos Wilson Ferreira) a través de los cuales supo que Bordaberry estaba en comunicación con los militares rebeldes.
Esa misma noche, los militares rebeldes emitieron su “Comunicado Nº 4”, que contenía las líneas generales de un programa de gobierno y proponía objetivos tales como eliminar la deuda externa, reorganizar la administración pública y erradicar el desempleo.
El Comunicado Nº 4 mostraba a unas Fuerzas Armadas decididas a tomar el poder y ejercer directamente el gobierno. Sin embargo, lo que más llamó la atención en la época fue el sesgo “peruanista” que se creyó ver en sus propuestas.
Tal vez por ello, en pleno levantamiento del Ejército y la Fuerza Aérea, se realizó en 8 de Octubre y Comercio un acto del Frente Amplio que estaba previsto con anterioridad.
El discurso central estuvo a cargo del general Líber Seregni, que reclamó la renuncia de Bordaberry: “El señor Presidente es el único responsable de no haber gobernado con todos los orientales, en beneficio de todos los orientales. Prefirió el aislamiento y la dureza: solo supo ser tolerante con algunos corruptos, a quienes premió con privilegios y embajadas, con impunidad y con ventajas.” Y agregó: “Por todas estas razones, entendemos que el señor presidente debería renunciar. Y entendemos que esta decisión que le sugerimos va más allá del simple acto político. Es un imprescindible gesto patriótico, idóneo, necesario para insinuar un camino que conduzca a la reunificación de todos los orientales honestos. La presencia del señor Bordaberry entorpece las posibilidades de diálogo. La renuncia del señor Bordaberry abriría una perspectiva de diálogo.” El discurso de Seregni, además de ataques al gobierno y la clase política, contenía también un mensaje conciliador para los militares. “Solamente a partir de ese diálogo restablecido es viable la interacción fecunda entre pueblo, gobierno y Fuerzas Armadas, para comenzar la reconstrucción de la patria en decadencia”.
El sábado 10 de febrero se divulgó el Comunicado Nº 7, que complementaba las disposiciones generales del Comunicado Nº 4, con propuestas programáticas generalistas que extrañamente eran aceptadas en la época, pese a su infantil simpleza.
Al mismo tiempo que ocurrían estos hechos, se producía una insurrección en el Área Naval del Cerro. Un conjunto de unidades de la Armada (entre las que estaban el Servicio de Construcciones, Reparaciones y Armamentos, la Escuela de Especialidades, y el Servicio de Armamento) habían decidido plegarse al Ejército y la Fuerza Aérea. Comandados por el capitán Jorge Nader, los insurrectos tomaron control del Tenderedes Huracán y estuvieron cerca de un intercambio de fuego con otros buques.
Sin el apoyo del presidente y enfrentado a un quiebre interno, el Contralmirante Zorrilla decidió levantar la barricada de la Ciudad Vieja y presentar su renuncia como Comandante en Jefe de la Armada.
Años después en una entrevista contaría su sensación: “En todas esas horas no tuve el llamado ni el aliento de ningún dirigente político, de nadie. Es más, algún asesor mío quiso entrar en contacto con algunos y no apareció ninguno. No había ninguno en la casa, no pudo ubicar a nadie. Así que me pregunté: ¿Yo qué hago acá, solo contra todo? Bordaberry se estaba entrevistando con los generales. Algunos ministros habían ido a hablar con los generales, Bordaberry no me había comunicado nada. ‘¿Qué voy a estar haciendo yo acá?”.
Zorrilla fue sustituido por el Capitán de Navío Conrado Olazábal, de raíz nacionalista y profundamente conservador, obviando a todos los Capitanes de Navío «de la derecha», con mayor antigüedad y a quienes les habría correspondido el cargo por haber apoyado todos la acción de Zorrilla, por lo que fueron puestos a disposición de la Justicia Militar.
Al día siguiente, Bordaberry presentó un documento a los militares y el martes 13 de febrero, el concurrió a la Base de Boiso Lanza, donde se concluyó lo que se llamó un “acuerdo”.
Un comunicado emitido por la Junta de Comandantes en Jefe resumía dicho acuerdo, por el que lo único que consiguió Bordaberry en Boiso Lanza fue conservar su cargo, si bien años después quedaría claro que no lo hizo solamente por ello, sino por compartir el numen inspiracional que movía a los militares, el desprecio por la democracia.