Por José Matonte
Hace bastante tiempo que los expertos coinciden en que nuestro pobre crecimiento del PBI potencial debería ser motivo de preocupación. Para alcanzar el desarrollo debemos lograr un crecimiento más alto y sostenido, y resulta imprescindible realizar reformas que incrementen los factores que contribuyen al PBI potencial, entre ellos la inversión fija.
Para ello debemos mejorar la competitividad, bajando los altos costos para producir, transportar y prestar servicios, entre los que se destacan los precios de los combustibles que son generalmente los más altos de toda América Latina.
Este problema, presentado aquí en forma muy resumida, y la necesidad de reformar el mercado, también fue compartido por los líderes de la Coalición que en su documento programático previo a las elecciones se comprometieron a “avanzar hacia precios de combustibles que sean competitivos con la región y el mundo…”.
Pero duró poco el compromiso. Ni bien comenzó el período de gobierno, algunos sectores promovieron una reforma ficticia, cuya única finalidad se advertía desde el principio: cambiar todo para que nada cambiara.
Y como era ficticia, el resultado no podía ser otro: la brecha de precios con la región no ha disminuido y en algunos períodos ha aumentado. Si no ha sido mayor es porque el Presidente, teniendo a mano la discrecionalidad para fijar precios que le permite la ley, no la ha utilizado para recaudar, algo que ocurrió en gobiernos anteriores y nada indica que no vuelva a suceder mientras la ley no se cambie.
Por tanto, tenemos la necesidad de reformar el mercado para mejorar la competitividad y el bienestar de la población, pero también para despejar definitivamente el riesgo de que los combustibles vuelvan a soportar los sobreprecios que al gobernante de turno se le ocurra.
Quedan casi dos años para que este gobierno realice cambios profundos introduciendo competencia y desregulación en todos los tramos de la cadena de los combustibles. La evidencia internacional indica que algunos de esos cambios impactan positivamente en el corto plazo, sin tener costo electoral (por si ese es el temor).
Se debe mostrar que la reforma es imprescindible, aunque dentro de la coalición se vea como imposible, con un líder pensando que va a venir la Standard Oil a quedarse con todo, y otro líder soñando que el conflicto de Yom Kippur fue ayer y que la soberanía de un país la define que una empresa pública tenga un monopolio. Afortunadamente la mayoría de los votantes (consumidores) no tiene tiempo disponible para seguirles sus teorías anacrónicas y lo que les interesa – como con cualquier otro bien – es poder comprar los combustibles al menor precio posible.