Por Juan Manuel Patiño
En estos días legisladores de Cabildo Abierto ingresaron en el parlamento una segunda versión de su proyecto de reestructuración de deudas de personas físicas. El objetivo de la iniciativa es abordar la problemática del endeudamiento en el Uruguay, donde a modo de ejemplo, unas 630.000 personas están inscriptas en el BCU como incobrables y más de un millón de uruguayos figura en el clearing. El mismo plantea la creación de «un procedimiento judicial para reestructurar los pasivos de las personas físicas». A tales efectos se establece un mecanismo en dos etapas, por un lado, una etapa de conciliación a nivel de la Unidad de Defensa del Consumidor, y luego una instancia judicial si no hay acuerdo en la primera. La iniciativa tiene varios puntos, pero su columna vertebral por decirlo de alguna manera está contenida en los artículos 15 y 23 que introducen los conceptos de “deuda justa” e “interés máximo”. Se entiende por parte de los impulsores que el proyecto «hará justicia» con las víctimas de la «usura legalizada» que padecen miles de uruguayos, muchos de los cuales solicitan créditos por el que pagan tasas que están en un nivel de entre 100% y 150% en muchos casos.
Un viaje en el tiempo
Dado que en general las reacciones del sistema político han sido mayormente contrarias a la iniciativa, lo que le augura ciertamente un triste final a nivel parlamentario, no nos vamos a centrar en los vericuetos legales/técnicos del proyecto, sino que más bien iremos al fondo teórico/filosófico del mismo. Vale subrayar como en este (y en tantos otros temas), los razonamientos de Cabildo Abierto nos remiten casi siempre a pensar en la Edad Media/Edad Moderna. Así que, lectores, ajusten sus cinturones para un viaje en el tiempo.
En este caso, nuestro destino es la ciudad de Leiden, situada en la próspera Holanda de mediados del siglo XVII. El contacto de referencia es Claude Saumaise, también conocido como Claudius Salmasius (1588-1653), pensador holandés (francés de nacimiento) calvinista y clasicista. Prácticamente desconocido en la actualidad, tuvo entre sus muchos logros, el ser uno de los más certeros críticos de las leyes de prohibición de la usura. En este sentido, una de sus obras más icónicas fue De usuris liber (1638). Entre los grandes méritos de este autor, destaca la simpleza con la cual transmite sus razonamientos al lector. Entre otras cosas, Salmasius nos dice que el préstamo de dinero es un negocio como cualquier otro, por ende, el prestamista debería poder cobrar lo que quiera por el servicio que ofrece, el precio final (interés) surgirá de la libre interacción de la oferta (prestamista o acreedor) y la demanda (prestatario o deudor). Cuando uno concurre al supermercado a realizar las compras, no paga “precios máximos”, ni “precios justos”, paga el “precio de mercado”, ¿Por qué debería ser diferente en el caso de los préstamos? Además ¿Qué es un “precio justo” o una “deuda justa”? Dado que los precios nacen de intercambios libres y voluntarios, por definición el único precio justo es el precio de mercado.
¿El precio del dinero debe toparse por ley?
Algunos podrían objetar que se trata de intereses extraordinariamente elevados, a ellos responde Salmasius, si es legal cobrar el mayor precio posible en todos los demás bienes y servicios que circulan en nuestra economía ¿Por qué establecer prohibiciones, limitaciones en el precio del dinero? Si mañana un legislador decide que el precio que usted lector cobra por su trabajo (salario) es muy alto, ¿estaría de acuerdo en que este fuera regulado/topeado?. Siguiendo con el razonamiento de nuestro amigo, al regularse por la ley de oferta y la demanda, debería de ser del mayor interés del legislador, no restringir ni sobre regular el mercado de crédito, sino por el contrario, estimular el ingreso de nuevos jugadores/usureros al mismo, dado que la propia competencia entre ellos, derivada del aumento de la oferta conduciría a la baja de las tasas de interés. Algo que también cabe preguntarse es ¿por qué las personas más desfavorecidas se enfrentan a costos de endeudamiento tan altos? Algunos sostienen que esto obedece a la codicia ilimitada de un conjunto de prestamistas, dejados a su libre albedrio por parte de un estado ausente. Nuestro sabio holandés no comparte ese razonamiento: según él, frente al riesgo de impago tan alto que tienen este tipo de préstamos (crédito al consumo a sectores de menores ingresos), el coste de financiación que tienen los propios prestamistas/usureros también ha de ser por fuerza elevado. Además, una vez deducidos todos los otros costos, (salarios, gastos fijos, etc.), las previsiones por impago, las pérdidas propias de los préstamos que no fueron pagados, la tasa de ganancia difícilmente supere de forma excesiva el costo del capital invertido. Si se diera el caso contrario, y la actividad generara ganancias extraordinarias, la propia lógica del mercado atraería a nuevos jugadores al mercado, con lo cual tanto el costo del endeudamiento (interés), como las ganancias de los prestamistas, disminuirían.
Buenas intenciones y los efectos no deseados
Como conclusión, dicen que “el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones”. En este sentido, el proyecto de Cabildo Abierto debería de llamarnos a la reflexión respecto del enorme daño que puede genera esa “meca del voluntarismo”, (fiel reflejo de lo que Hayek denominaba “racionalismo constructivista”) en que se ha covertido el Parlamento. Una institución que, recordemos, en sus orígenes no tenía como función legislar, sino actuar por fuera del gobierno, en defensa de los derechos de los ciudadanos, ejerciendo de contralor de las leyes/decretos emitidos por el soberano, negando el registro de aquellas/os que fueran en detrimento de los gobernados. Esta iniciativa, va en contra de las personas a las que dice querer defender, en el caso remoto de que fuera implementada hará inviable economicamente o más riesgosa la actividad de muchos agentes regulados que operan hoy como prestamistas en el mercado, expulsándolos del mismo, lo que encarecerá aún más el costo de este tipo de créditos, ya que la demanda seguirá ahí. ¿Quiénes tendrán incentivos para ingresar al mercado a aumentar la oferta? Aquellos que operen por fuera de la ley, sin ninguna supervisión, en la más absoluta informalidad, alentados por la fabulosas ganancias (aquí no hay tope de tasas del Banco Central, ni nada) que ofreceria esta nueva actividad de mercado ilegal de crédito, que surgiría de aprobarse el proyecto de Cabildo Abierto.
Lo que hace falta para encarar este problema no es otra cosa que educación financiera, especialmente en las escuelas, y más aún, en el Parlamento.