La preocupación por el impacto de las redes sociales en niños y adolescentes es legítima. Sin embargo, una buena intención no garantiza una buena política pública. La evidencia disponible muestra que prohibir el acceso a determinadas plataformas no elimina el problema: simplemente cambia el lugar donde ocurre.
La experiencia internacional demuestra que muchos adolescentes no abandonan el mundo digital cuando se les prohíbe una red social. En cambio, buscan alternativas. Migran hacia otras plataformas menos conocidas, crean cuentas falsas, utilizan VPN o acceden mediante cuentas de adultos. Es decir, continúan conectados, pero en espacios con menor supervisión, menos mecanismos de moderación y, en muchos casos, mayores riesgos.
Paradójicamente, una prohibición puede producir el efecto contrario al buscado. Al desplazarse hacia plataformas más pequeñas o menos reguladas, resulta más difícil detectar situaciones de grooming, ciberacoso, extorsión o captación por organizaciones criminales. También disminuye la capacidad de las familias para saber dónde interactúan realmente sus hijos.
Pero el debate no termina ahí.
Toda sociedad democrática debe preguntarse si medidas concebidas para proteger a un grupo determinado pueden terminar ampliando las facultades del Estado para controlar otros ámbitos de la vida pública.
En Uruguay, el proyecto impulsado por el diputado Rodrigo Goñi no solo propone restricciones vinculadas al acceso de menores a redes sociales.
También incorpora disposiciones que han generado debate sobre la regulación de la denominada “desinformación”, incluyendo sanciones penales que, según el texto del proyecto, podrían alcanzar hasta seis años de prisión en determinados supuestos. Ese aspecto merece una discusión especialmente cuidadosa, porque conceptos como “desinformación” pueden resultar complejos de delimitar y su aplicación debe ser compatible con las garantías de libertad de expresión y el principio de legalidad.
Por eso, algunos analistas advierten que iniciativas presentadas con un objetivo ampliamente compartido —como la protección de los menores— podrían terminar habilitando mecanismos de control más amplios sobre la circulación de información. Esa preocupación ha llevado a describir este tipo de propuestas como un posible “caballo de Troya”: una medida que ingresa con una finalidad legítima, pero que podría abrir la puerta a restricciones que excedan ese objetivo inicial.
Lo llamativo es que este es ya el tercer proyecto de ley presentado con el objetivo de prevenir el bullying y el ciberbullying. Sin embargo, antes de seguir creando nuevas prohibiciones o restricciones, corresponde preguntarse por qué las iniciativas anteriores no han logrado los resultados esperados y si el camino elegido es realmente el más eficaz.
La prevención del bullying y del ciberbullying no depende únicamente de limitar el acceso a una plataforma. Requiere educación, alfabetización digital, formación docente, participación activa de las familias, fortalecimiento de la convivencia escolar y desarrollo del pensamiento crítico. Ninguna ley, por sí sola, puede sustituir ese trabajo.
Entendemos que la mejor protección para niños y adolescentes no consiste en aislarlos del mundo digital, sino en brindarles herramientas para desenvolverse en él con seguridad, criterio y responsabilidad.
No se trata de negar los riesgos que existen en internet. Se trata de evitar que, en nombre de combatir un problema real, se adopten soluciones que puedan generar otros problemas igualmente relevantes para una democracia.
La historia demuestra que las prohibiciones rara vez eliminan conductas profundamente arraigadas. Con frecuencia las desplazan hacia ámbitos menos visibles y más difíciles de controlar.
Prevenir no es prohibir.
Educar siempre será más eficaz que restringir. Formar criterio siempre será más efectivo que censurar. Y proteger a nuestros niños exige mucho más que cerrar una aplicación: exige enseñarles a vivir con libertad, responsabilidad y pensamiento crítico.