«No hay plata. Para robar, tampoco». El decreto es un conato de reacción que no será permitido ni perdonado por la piratería institucionalizada argentina
En la columna del sábado sobre el DNU de Milei, (cliquee aqui) se advertía que su contenido era muy modesto, y que apenas reflejaba la magnitud de los cambios que se intentan hacer, tanto con ese instrumento como con el resto de la legislación y sobre todo con las prácticas y hábitos que se intentan erradicar.
Uno de los primeros efectos del Decreto de Necesidad y Urgencia fue el de detener la nacionalización del litio, y/o su entrega a China, por vía indirecta, o sea vía contratistas favorecidos, como soñaba un sector del kirchnerismo. Se recordará que el proyecto YPF Litio ya se había pergeñado no sólo en la ideología del gobierno anterior, sino con algún formato mucho más concreto.
Huelga puntualizar que la idea de adosar el litio a la explotación petrolífera es forzada, pero los uruguayos entenderán bien esa universalidad de objetivos de la actividad de la petrolera, si recuerdan el ejemplo de ANCAP, como lo entenderán también los brasileños con su ejemplo de Petrobrás. Viles mecanismos para permitir que el estado meta sus narices en toda actividad rentable y la transforme en monopolio deficitario gracias a su ineficiencia o a su corrupción.
El cáncer de las empresas monopólicas del Estado
En el caso argentino la creatividad de los bandidos superó esa etapa primitiva e incompleta de los dos vecinos. Vale repetir que primero se canjeó la necesidad de Repsol, la dueña de YPF, de irse del país como había hecho en otras plazas, y se le permitió sacar su capital vía dividendos mediante un acuerdo por el cual cedía su mayoría y el control de la empresa a Enrique Eskenazi, un amigo privilegiado de Néstor Kirchner, como ya se explicó aquí, sin que el beneficiario tuviera que pagar un centavo, cosa que se haría con ganancias futuras. (Un cuento que empalidece a los hermanos Grimm).
A la muerte de Néstor, cuenta la leyenda que ante el reclamo de devolución de ese fantástico negocio y la respuesta negativa del “experto en mercados regulados”, como vendiera su operación YPF ante la inocente SEC, la señora de Kirchner se enojó y procedió a expropiar la parte de Repsol (que es lo que buscaba la empresa española) pero no expropió las tenencias de Eskenazi.
Luego de los diversos juicios en NY, con una generosa manera de valuar de los jueces americanos, Argentina terminará pagando 7 u 8 veces el valor de mercado de YPF, como mínimo.
De ese tipo de manejos ha salvado el DNU (al menos por ahora) al negocio del litio y de sufrir semejante manoseo deficitario. La crítica opositora corrió a decir que el mineral era propiedad de las provincias, algo que nunca estuvo en discusión. Hay que recordar aquí que justamente la provincia de Santa Cruz cobró en los años 90 por sus derechos en la privatización, 700 millones de dólares que el entonces gobernador Kirchner hizo desaparecer en una rentable y hábil prestidigitación.
Justamente este caso del petróleo con toda su complejidad, que ahora se quería reproducir en el litio, ayuda a explicar que el déficit y el default argentino no son sólo consecuencia de la irresponsabilidad presupuestaria, sino del saqueo de los negocios públicos. El país necesita de inversiones y posteriores ingresos, que el sistema de monopolio estatal garantiza que no serán obtenidos.
Es más difícil hacer negocios (personales) con las empresas estadounidenses
Puesto en otras palabras: es mucho más fácil coimear y hacer arreglos espurios con empresas de otras nacionalidades que con empresas de EEUU. También es mucho más fácil hacer contrataciones y otorgar licencias de concesión a empresas amigas, como ocurre con YPF.
De ahí que sea importante, aunque a muchos de los puristas constitucionales que han brotado como hongos en la ahora oposición no les parezca ni necesario ni urgente, eliminar los formatos de empresas mixtas privado-estatales, sociedades anónimas estatales, sociedades anónimas mixtas, etc. que ahora desaparecen y se engloban en la única figura de Sociedad Anónima, regida únicamente por la ley de Sociedades, con todas sus exigencias de auditorías y presentación de balances que en casi todos los casos se eludían con esos formatos de alguna manera.
Evitar la corrupción es una cuestión de necesidad y urgencia en Argentina.
La decisión de transformar todas las empresas del estado al formato de Sociedad Anónima, regido por la Ley de Sociedades no obedece exactamente a estos propósitos, aunque debería, sino a la esperanza de poder sanearlas y privatizarlas algún día.
La columna se compromete a analizar tanto las ventajas posibles como las precauciones que deben tomarse para que ese cambio en la figura societaria no termine siendo otro disfraz, como el sueño de hacer rentables estos auténticos nidos de corrupción que se devoran sistemáticamente a sus “eficientizadores”, algo que se ha vista decenas de veces bajo gobiernos de todo signo y estilo, incluyendo tremendas y sanguinarias dictaduras.
La venta de cadáveres
También cabe analizar la validez de intentar ese rescate para luego venderlas. Entes como Telam, o Televisión Argentina, por ejemplo, no tienen mercado, ni interés sano. Sería como intentar vender un cadáver, aunque el cadáver podría tener algún valor de disección con fines científicos. Tampoco tienen valor cultural alguno, y si lo tuviera, hay varios caminos para difundir sus contenidos sin caer en el dispendio o el simple robo. El DNU tiene la virtud de abrir ese debate, de poner el foco sobre el problema, de ofrecer alguna solución, de detener el alud.
Pese a lo que dicen los sommeliers constitucionalistas, el DNU debe ser enviado al Congreso, que puede ejercer su derecho de rechazarlo, por las razones que le parezca. No así la Justicia, que no está en condiciones de rechazar el formato, como se ha explicado aquí.
Al peronismo, y también a la UCR, le encantaría que se debatiese ley por ley, porque eso les resulta más habitual y en ese terreno se mueven más cómodos en las negociaciones (de toda índole) que han terminado por hacer legisladores millonarios al precio de crear un sistema legislativo inocuo, inoperante, contradictorio y torpe que ha paralizado al país.
Empezó el toma y daca de la aprobación del DNU
El resultado del tratamiento legislativo del DNU es incierto. Más allá de los llamados a encolumnarse detrás de las órdenes partidistas, (esencia del sistema) habrá que ver qué ocurre cuando comiencen a jugar las efectividades conducentes, como denominaba Hipólito Irigoyen a los estímulos directos a legisladores, para seguir siendo eufemísticos. También los gobernadores tienen sus intereses y jugarán su papel. Esta discusión es por plata, en todos sus formatos y en todos sus calificativos.
Pero aunque el Decreto fuera rechazado ya ha cumplido buena parte de su objetivo al arrojar sobre la mesa la lucha frontal contra el robo y el acomodo. También los legisladores tendrán la responsabilidad de legislar sobre el paquete de proyectos de ley, en el mismo sentido que el decreto, que se está enviando, y no tendrán allí la excusa de la supuesta inconstitucionalidad del instrumento.
El kirchnerismo ha tenido la viveza de hacer una ley para casi todo, lo que le permite obstaculizar cualquier cambio o rectificación de cualquier barbaridad, como el caso del CCK, el Centro Cultural llamado Kirchner como si el desaparecido presidente tuviera algo que ver con la cultura.
Esa combinación entre la perpetuidad de sus decisiones a la que es tan afecto el colectivismo y la sistemática oposición rebelde y saboteadora a cualquier cambio, probará las habilidades de varios miembros del gobierno, alguno de los cuales, en la opinión de esta tribuna, no están capacitados para encararlas.
No todo requiere una ley
Hay otros rubros que no requieren de una ley. Por ejemplo, la idea de subsidiar la demanda en vez de la oferta. Esto parece un pequeño cambio, pero es de suma importancia, la primera porque con el sistema actual, fruto de varios gobiernos, en una mezcla de inocencia, ignorancia y mala fe, el subsidio se paga a las empresas de energía, de gas, de transporte, con lo que no existe transparencia para demostrar que lo que entra a la empresa es equivalente a lo que se le rebaja al usuario. Nada más que ese punto crea un agujero insondable.
Eso se agrava porque en el caso de importantes planes de ayuda, por uno de esos incomprensibles misterios del sistema, los pobres deben conseguir una certificación de las orgas piqueteras que supuestamente los representan, de su condición de tales, y en su defecto no se les abona el plan. Eso permite que por un lado esos vivillos cobren un fuerte óbolo mensual extorsionando a los que reciben planes, y por el otro los obliguen a concurrir a las marchas y piquetes en defensa de temas que ni conocen.
Al abonar el monto del plan directamente en la cuenta del pobre, no sólo éste cobra sustancialmente más, sino que no se convierte en materia prima del supuesto poder piquetero callejero. El lema “el que corta no cobra”, corolario de ese cambio, ya dio sus resultados en la marcha del 20 de diciembre.
La mafia cobradora
Los montos no son menores, los extorsionadores son múltiples, también existen miles de casos en que el beneficiario es visitado al estilo mafioso en su casa, para que contribuya a mantener la “organización que lo protege”.
La acreditación del valor autorizado del precio del boleto de transporte en la tarjeta Sube del subsidiado, también elimina el negocio de las empresas de transporte, como ocurre con las de energía. No es casual que tantos amigos del kirchnerismo hayan comprado esas empresas.
Un caso que parece anecdótico, pero con montos importantes y que además son apenas una muestra: los sistemas de comedores administrados por el estado suponen que el estado está en condiciones de negociar mejores precios por los alimentos que el individuo aislado. Entonces el estado hace la compra y la distribuye en los merenderos y comedores. Sin embargo, el estado ha venido comprando esos alimentos con sobreprecios absurdos, que se reparten entre el funcionario y el proveedor.
Darle los fondos directamente al beneficiario y permitirle usarlos para comprar esos alimentos donde a él le parezca mejorará la situación del que padece hambre y hará más eficiente el gasto. Esa decisión originó que un grupo de trolls tuiteara irónicamente: “el gobierno echó al proveedor de medialunas de la casa de Gobierno”. Falso. El gobierno echó a uno de los ladrones que lucran desaforadamente con el hambre. Esa es la noticia correcta.
El robo no se presupuesta
Estos ejemplos, cuya suma total no es para nada irrelevante, muestran un hecho fundamental. El kirchnerismo fomentó la corrupción a todo nivel y en todos los estamentos. Las cifras presupuestarias, los cambios posibles, el ajuste, son trascendentes, pero la suma infinita de este latrocinio también tiene mucho que ver con el hambre, con la pobreza, con el default y con el estado de quiebra.
Se trata de un populismo que excede al simple reparto de platita. A una simple coima al electorado, como dice Fukuyama. Es un permiso generalizado para rapiñar, para delinquir, para robar, para despojar impúnemente al estado y a los necesitados. Excede con mucho la emisión irresponsable, la exacción impositiva nacional, provincial y municipal. Es un permiso para robar en todos los niveles, y eso incluye a sus socios privados, sean proveedores de medialunas, de cloro, de gas, de medicamentos o productores locales de vacunas. Eso incluye a la otrora oposición y a la Justicia. O a buena parte de ellas.
Por eso la rebelión y el sabotaje exceden todo fanatismo político, toda ideología, toda convicción, toda opinión, idea o posición política. Se está defendiendo la patente de corso que ha permitido el kirchnerismo a lo largo del tiempo. No es un cargo, no es un puesto de lucha, no es un sueldo siquiera lo que se defiende. Es una canonjía. Una autorización mafiosa, un territorio o área a la que explotar y coparticipar hacia arriba.
Hacer tronar el escarmiento
Eso no está en ningún presupuesto, ni en ningún informe del FMI, ni en los análisis de la OCDE, ni en ninguna plataforma partidaria ni en ningún plan antiinflacionario, de transición o macroeconómico. Pero explica en buena medida el gigantesco vaciamiento a que ha sido sometida la sociedad argentina, el encono desesperado contra el resultado democrático electoral, la resistencia a mansalva.
El DNU no es una amenaza en sí mismo para los mafiosos enquistados, tanto estatales como sus cómplices privados, ni siquiera tiene contenido para serlo. Pero es un conato de reacción que debe ser aplastado para dar un escarmiento ejemplificador a los vasallos. De eso se trata.